Washington – El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes frenar los arrestos de indocumentados tanto dentro como en las inmediaciones de los juzgados; una práctica por la que se ha estado deteniendo a personas por asuntos migratorios cuando acudían o estaban en los tribunales por otro motivo.
Según las nuevas directrices, de ahora en adelante solo se podrán llevar a cabo arrestos en los juzgados por infracciones a la ley de inmigración bajo «circunstancias limitadas».
Entre dichas circunstancias figuran cuando se trate de un asunto de seguridad nacional o si hay «riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico a otra persona».
Otra excepción que se contempla es si el individuo representa una amenaza para la seguridad pública o si existe peligro inmediato de que se destruyan las pruebas en un caso penal.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, trasmitió la nueva directriz al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
«Garantizar que las personas tengan acceso a los tribunales fomenta la administración imparcial de justicia, promueve la seguridad de las víctimas de delitos y ayuda a garantizar la igualdad de protección bajo la ley», señaló Mayorkas en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El funcionario afirmó que los arrestos en los juzgados por motivos de inmigración durante la gestión del hoy expresidente Donald Trump (2017-2021) tuvieron «un efecto paralizador» para muchas personas que deseaban acudir a los tribunales o cooperar con las fuerzas del orden.
En 2018, el Gobierno de Trump dio vía libre al ICE para actuar en las cortes federales, estatales y locales en busca de inmigrantes condenados por crímenes, pandilleros o personas con órdenes pendientes de deportación.
Detenciones de este tipo también tuvieron lugar durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), en el que Biden fue vicepresidente.
Durante este tiempo, jueces, abogados y activistas han advertido que la presencia de agentes de inmigración en las cortes podía socavar el sistema judicial e incluso tener “consecuencias peligrosas”, ya que podía darse el caso de que la víctima de un delito desistiera de acudir a la justicia por temor a ser deportada.
Una juez federal de la corte del distrito de Massachusetts prohibió en junio de 2019 los arrestos por asuntos de inmigración dentro o en los alrededores de los juzgados, pero en septiembre de 2020 la Corte Federal de Apelaciones del primer Circuito en Boston revocó ese fallo y mantuvo en firme las detenciones.
