Washington – El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles que ha iniciado y considera extender las pruebas de detección del coronavirus entre los más de 24.000 migrantes recluidos en unos 200 puestos de detención en todo el país.
En el año fiscal 2019, que concluyó en septiembre pasado, el promedio diario de detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) fue de 50.165, y la agencia indicó que al 6 de junio pasado tenía bajo su custodia a 24.713 inmigrantes indocumentados.
El ICE ha hecho las pruebas de detección a 5.096 personas y ha registrado 788 casos positivos entre los inmigrantes, además de 175 casos entre sus empleados. El brote mayor, con más de 100 casos, ocurrió en un centro de detención en el área de Dallas (Texas).
Durante más de dos meses miembros del Congreso, líderes religiosos, abogados de los inmigrantes y grupos de derechos humanos han criticado al Gobierno de Trump por el confinamiento de decenas de miles de inmigrantes en centros donde la asistencia médica es escasa y los detenidos no disponen de espacio para un distanciamiento social que prevenga el contagio con coronavirus.
En un comunicado el ICE indicó que había iniciado el 2 de junio las pruebas de COVID-19 para los detenidos que quisieran tenerla en el centro de procesamiento de Tacoma, en el estado de Washington, y ayer martes inició las pruebas en el centro de detención en Aurora (Colorado).
La agencia añadió que «considera hacer lo mismo en otros locales» y añadió que había hecho pruebas a alrededor de 80 % de las 570 personas en el centro de detención de Tacoma, donde todos los resultados menos uno fueron negativos para COVID-19.
La disminución en la cifra de inmigrantes recluidos en centros de detención del ICE responde, en parte, a la política fronteriza del presidente Trump que consiste en devolver a México a todas las personas que, tras cruzar la frontera ilegalmente, muestren síntomas de COVID-19.
A comienzos de abril el ICE daba cuenta de la reclusión de más de 32.000 personas y la merma en esa población también responde a la intervención de jueces federales que han ordenado la liberación de cientos de inmigrantes. El ICE ha indicado que dejó en libertad a cuando menos 700 personas después de la determinación médica de que eran vulnerables a la pandemia.
Más de un millón de personas han firmado una petición para que el ICE deje de usar productos químicos que ponen en peligro la vida de la población indocumentada en sus centros de detención. El reclamo es parte de una campaña lanzada para detener el uso de sustancias tóxicas para desinfectar las cárceles de inmigrantes en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en California.
Desde hace casi un mes las organizaciones Freedom for Immigrants e Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) han recibido quejas de los internos sobre cómo estos productos químicos afectan la salud de los internos.
En una carta dirigida a las autoridades de inmigración en Los Ángeles, los activistas presentaron las denuncias de los detenidos y reportes sobre la aspersión de estas sustancias cada 30 minutos.
“El aerosol de desinfección que usa la instalación nos está haciendo daño. Todos en nuestras instalaciones han tenido narices ensangrentadas, ojos ardientes, dolores de cabeza”, dice el testimonio de un inmigrante, compartido a las autoridades federales.
Los inmigrantes identificaron como HDQ Neutral el producto que se está usando para realizar la desinfección.
