Trípoli – El ministro de Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia -que controla el oeste del país-, Imad Trabelsi, anunció este martes la puesta en marcha de un programa para la deportación de migrantes irregulares, sin precisar cuándo serán enviados a sus lugares de origen ni la fórmula que se aplicará.

Trabelsi manifestó en una rueda de prensa que en Libia -considerado por organizaciones internacionales «país no seguro» para la migración- «hay tres millones de inmigrantes», de los cuales «el 70 % son familias», lo que supone -aseguró- «una forma de asentamiento y un asunto peligroso».

Explicó que, ante esta situación, las autoridades comenzaron el pasado julio a elaborar el Programa Nacional para la Deportación de Inmigrantes, que contempla, además, la regularización de aquellos que tengan empleo -que cuantificó en alrededor de un millón-, con permisos de residencia, que coordinarán los Ministerios de Trabajo, Salud y Economía.

El ministro responsabilizó a la migración irregular de los delitos transfronterizos que afectan a Libia -principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo Central-, como «el tráfico de cocaína» y otras drogas, así como «el terrorismo».

Desde principios de este año hasta el pasado 29 de noviembre, 25.286 migrantes interceptados en embarcaciones desde el Mediterráneo fueron trasladados a costas libias, país de origen o tránsito habitual de desplazados desde distintos puntos de África, según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).

En el mismo lapso, 1.184 personas perdieron la vida o desaparecieron en la ruta migratoria del Mediterráneo Central.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, provenientes principalmente de los países de África subsahariana.

De las 62.569 personas que alcanzaron costas italianas desde principios de año hasta el 16 de noviembre desde el norte de África, 55.657 salieron de Libia, según el último informe que publicó por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). EFE