Washington – El gobierno del presidente Donald Trump «intenta silenciar» a los jueces de inmigración que han expresado sus críticas a las condiciones de trabajo que llevan a «mecanizar» a los magistrados, dijo este miércoles a Efe Amiena Khan, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, en inglés).
La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, en inglés) inició este martes y continúa el miércoles una audiencia acerca del pedido del Departamento de Justicia para descertificar a NAIJ, el gremio fundado en 1971 que representa a los jueces de inmigración.
«Si se libran del gremio o nos silencian, nadie habla a nombre de los jueces», añadió Khan en una entrevista telefónica desde Nueva York. «Es un intento muy poco velado de opacar la toma de decisiones, y es importante que las operaciones de esta agencia sean transparentes».
«La gestión (del Gobierno) procura silenciar al mensajero, acallar a los jueces como un todo, en todo el país», dijo Khan. «El volumen de casos a la espera de resolución ha llegado a un millón, comparado con 560.000 casos cuando esta administración empezó».
«Las condiciones de trabajo incluyen cuotas de desempeño: los jueces deben resolver 700 casos por año», añadió la jueza. «Estamos hablando de seres humanos, no corresponde que los jueces se tornen mecanizados».
Los jueces trabajan para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia. Mientras que los jueces que forman parte del Poder Judicial son independientes del gobierno, los que trabajan para esa oficina son designados por el fiscal general.
En 2000, el Departamento de Justicia inició una gestión similar, alegando que los jueces son personal gerencial y por lo tanto no pueden ser miembros de un gremio. La NLRB rechazó esa solicitud, y volvió a rechazarla cuando el gobierno pidió una nueva consideración.
Los jueces que forman parte del Poder Judicial son independientes del gobierno, mientras que los de la EOIR son designados por el Departamento de Justicia.
La Administración Trump renovó la gestión en agosto pasado y Khan dijo que esto se debe a que muchos jueces están expresando su «preocupación por las políticas de la agencia y la situación de un sistema en quiebra».
En octubre pasado, 80 miembros del Congreso, todos ellos demócratas, solicitaron al fiscal general, William Barr, que suspendiera el trámite ante la NLRB e indicaron que el Gobierno Trump «procura aplastar los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración».
Esa gestión, añadieron los legisladores, es una de muchas emprendidas por el Departamento de Justicia para socavar de manera sistemática la independencia de los jueces de inmigración y la integridad del sistema judicial.
