El Gobierno Trump tacha de «activista» a jueza que ordenó liberación de niños

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Fotografía del 14 de julio de 2018, de un grupo de niños jugando fútbol en el patio del albergue Casa Alitas, en Tucson, Arizona (EE.UU.). EFE/María León/Archivo

Los Ángeles – El Gobierno del presidente Donald Trump arremetió este martes contra la juez federal que volvió a ordenar la liberación de los niños retenidos por las autoridades de inmigración, Dolly Gee, a la que calificó de «activista» y de la que dijo que la separación de familias migrantes.

Ken Cuccinelli, el número dos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo en un comunicado que “bajo el presidente (Donlad) Trump, la administración se compromete a mantener unidas a las familias, pero una juez activista se está preparando para ordenar la separación de las familias bajo la custodia del DHS”.

Los comentarios se refieren a la jueza del Tribunal Federal en Los Ángeles que vigila la aplicación del Acuerdo Flores, que ordena a las autoridades migratorias no tener bajo su custodia a menores inmigrantes más de 20 días, y garantizarles acceso a cuidados de salud y bienestar, entre otros.

La magistrada actualmente tiene en sus manos un pedido de los defensores de los inmigrantes para que el Gobierno libere a los niños que están detenidos junto a sus padres en tres centros de detención que albergan a familias (dos en Texas y uno en Pennsylvania), y hasta donde la pandemia de coronavirus ha llegado.

La jueza ordenó, ya en julio pasado, la liberación de los menores, incluso resaltando que el Gobierno tiene la discreción de dejar en libertad a los padres y a los niños, pedido que los activistas han reforzado.

Gee dijo en una audiencia sobre el caso el viernes pasado que no está satisfecha con la rapidez con la que los niños que cruzan la frontera como parte de sus familias están siendo liberados por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas(ICE).

«Los demandados (el Gobierno Trump) continuarán liberando a los miembros de la demanda colectiva (los menores migrantes) de su custodia sin demoras innecesarias de una manera consistente» con órdenes judiciales previas y con la preocupación por la «vulnerabilidad particular de los menores, especialmente durante la pandemia», escribió Gee en una orden expedida este lunes.

Cuccinelli contestó pocas horas después diciendo que “el DHS no ayudará en este proceso sin una orden judicial”.

“Según la nueva política del juez, innumerables niños pueden ser liberados en los Estados Unidos sin un estatus legal y sin sus padres. En lugar de crear nuevas lagunas, deberíamos hacer cumplir nuestras leyes”, agregó.

La férrea pelea del Gobierno Trump con Gee se intensificó en 2018 cuando la Administración decidió evadir la aplicación del Acuerdo Flores, que data desde 1997, al considerar que el país vivía una “emergencia migratoria”.

La Administración incluso dijo que se debería derogar el acuerdo argumentando su antigüedad, entre otras razones. Pero perdió una apelación en el Noveno Circuito.

La última batalla comenzó tras la llegada del coronavirus, y el empeño de los activistas para denunciar el peligro que corrían las familias detenidas.

El viernes pasado, Gee ordenó tanto a los defensores de los inmigrantes como a la Administración Trump ponerse de acuerdo y redactar un procedimiento de opción binaria a las familias de permitir que los menores sean entregados a un tutor designado o permanecer juntos en la cárcel de inmigración.

“Es responsabilidad de ambas partes proponer procedimientos que sean apropiados y reflexivos y efectúen los derechos contenidos en el acuerdo que no causen la pérdida de niños”, dijo Gee en la audiencia del viernes.

No obstante, la magistrada expresó su preocupación por los informes del propio Departamento de Justicia (DOJ) en conjunto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sobre el hecho de que no han podido reunir a 545 menores a quienes la Administración Trump separó de sus padres en 2018 en la aplicación de la política de “cero tolerancia”.

Los abogados del Gobierno y los defensores de los inmigrantes tendrán una nueva audiencia sobre este particular el próximo 4 de diciembre.

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