Atenas – Los cinco países que conforman la frontera mediterránea de la Unión Europea reafirmaron este sábado su rechazo a algunos puntos esenciales del Pacto de Migración y Asilo redactado por la Comisión Europea, que a su juicio es poco solidario ni contempla responsabilidad compartida real entre todos los socios.
Los ministros del Interior y Migración de España, Fernando Grande-Marlaska; Italia, Luciana Lamorgese; Malta, Byron Camilleri; Chipre, Nikos Nurís, y Grecia, Notis Mitarakis, se dieron hoy cita en las afueras de Atenas para remarcar su visión común de cómo debe gestionarse la migración en la Unión Europea.
Los cinco países, que comparten experiencias muy similares, aprobaron una declaración conjunta basada en tres pilares: reubicación obligatoria de los refugiados en todos los países de la UE, retorno centralizado de los que no tienen derecho a quedarse y cooperación con los países de tránsito y origen.
«Debemos garantizar una solidaridad europea efectiva con respecto a todos los migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de la forma en que hayan llegado al territorio de la UE, teniendo en cuenta la necesidad de establecer un mecanismo de reubicación automático y obligatorio», señalaron los ministros en su declaración de Atenas.
En sus respectivas intervenciones ante las cámaras, los responsables de Interior recalcaron que la fórmula planteada en el borrador de la Comisión no ofrece estas garantías.
Más de un lustro después de que las islas y el continente griego se convirtieran para miles de refugiados en su destino final en Europa, buena parte de los socios comunitarios continúan negándose a aceptar unas cuotas de reparto.
Por ese motivo, en septiembre pasado, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó una fórmula de compromiso que descarta cuotas obligatorias para la reubicación de refugiados y permite optar entre su acogida, el apoyo logístico a los países donde llegan los flujos o participar en devoluciones patrocinadas.
«Las propuestas de la Comisión Europea no toman en cuenta las necesidades de los países mediterráneos… Hay falta de equilibrio entre las obligaciones de los países de primera acogida y el mecanismo de solidaridad, que además es flojo, lento y no garantiza el reparto equitativo de los migrantes y refugiados», subrayó el ministro griego.
Mitarakis recalcó que no es posible que los países de primera línea asuman todas las tareas a la vez: proteger fronteras, examinar demandas de asilo, alojar a los solicitantes, dar seguridad a las personas vulnerables, devolver a los que no tienen derecho a protección internacional e integrar a los reconocidos como refugiados.
Ante tal magnitud de responsabilidades, los países mediterráneos están de acuerdo en que, además del compromiso obligatorio con la reubicación, es necesario que el retorno sea organizado de forma centralizada por la UE.
En concreto, los titulares de Interior pidieron que haya un mecanismo europeo de retorno gestionado de forma centralizada, coordinado por la Comisión y apoyado también por las agencias pertinentes de la UE, como Frontex.
Los cinco países consideran además relevante que haya una cooperación real y efectiva con los países de origen y tránsito.
En ese contexto, Grande-Marlaska señaló que es necesario «dotar de verdadero músculo político y financiero a la dimensión exterior migratoria».
El ministro mencionó la propuesta española Team Europe, basada en que la Comisión y los Estados miembros creen conjuntamente proyectos de cooperación y apoyo operativo en los países prioritarios de las rutas migratorias.
«Sólo aumentando la cooperación con los países de origen y de tránsito podremos evitar los movimientos primarios y secundarios, el tráfico de migrantes y la pérdida de vidas, así como promover el retorno efectivo», señalaron los ministros en su documento final.
En cuanto a la gestión de fronteras, España, Italia, Grecia, Chipre y Malta recalcaron que la apuesta debe pasar por «una mayor vigilancia en origen y la prevención de las entradas ilegales».
La reunión coincidió con el quinto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo migratorio UE-Turquía, un pacto que, a pesar de una serie de reveses y desde la mera perspectiva de las cifras, ha ayudado a reducir sustancialmente las entradas por el mar Egeo y cuya renovación está pendiente.
Según señaló a Efe Grande-Marlaska, el citado protocolo «fue relevante» y tuvo «resultados positivos», y ahora se trata de «plantear nuevos acuerdos y relaciones permanentes con terceros países con el mismo objetivo».
