Ginebra – El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha doblado y ha alcanzado los 150.000 en los últimos ocho meses (un periodo marcado por unas elecciones en las que la oposición fue perseguida), según denunció hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El portavoz Boris Chershirkov subrayó en rueda de prensa que la cifra de refugiados ya equivale al 3 % de la población total de Costa Rica, y que este flujo supera incluso el de refugiados y solicitantes de asilo que fueron acogidos por este país durante las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado.
«A ACNUR le preocupa que esta tendencia pueda añadir presión a un sistema de asilo en Costa Rica que ya antes sufría dificultades», indicó el portavoz, quien señaló que el número de nicaragüenses huidos a México también está aumentando en gran medida en los últimos meses.
Chershirkov pidió a la comunidad internacional que aumente su apoyo a Costa Rica y otros países que acogen el éxodo nicaragüense, y que se encuentran en dificultades económicas debido a la pandemia de covid.
Costa Rica, por ejemplo, «está sufriendo altos niveles de desempleo debido a la crisis económica derivada de la pandemia, y las redes de apoyo que ayudaban en el país con alojamiento y oportunidades de empleo a los nicaragüenses se han debilitado», indicó el portavoz.
La fuente oficial señaló que muchos de los nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica están siendo empleados en la actual cosecha de café, pero su estabilidad económica podría peligrar una vez que ésta termine, en las próximas semanas.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ya denunció hace unas semanas que la crisis política en Nicaragua ha empujado a decenas de miles de personas fuera del país, mientras menos 43 personas seguían detenidas tras unas elecciones caracterizadas por la supresión de numerosos derechos civiles y políticos.
La alta comisionada para derechos humanos Michelle Bachelet expresó asimismo su preocupación por la detención arbitraria en los últimos meses de al menos 30 periodistas y activistas de derechos humanos, lo que según ella muestra el deterioro de la situación democrática en Nicaragua.
