Roma – La justicia italiana ha ordenado una inspección médica en el buque humanitario español Open Arms para constatar las condiciones higiénico-sanitarias en que se encuentran los 134 migrantes a bordo después de más de dos semanas hacinados en cubierta.
La orden fue dada hoy por la Fiscalía de la ciudad de Agrigento (Sicilia), que desde ayer investiga por un presunto delito de secuestro de personas -no contra nadie en concreto- y los médicos encargados verificarán especialmente el estado de los menores.
Todo ello después de que la nave de la ONG española se declarase este sábado «en estado de necesidad», mientras el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, mantiene su prohibición a que el barco atraque en un puerto del país pese a que un tribunal italiano dejó sin efecto esa orden.
«Después de 16 días a la espera de un puerto seguro donde desembarcar, de 6 evacuaciones médicas y de haber informado sobre nuestra situación a las autoridades, sin que hayamos obtenido ninguna respuesta, nos encontramos en situación de necesidad y ya no podemos garantizar la seguridad de las 134 personas a bordo», señaló hoy la ONG.
El barco se encuentra junto a las costas de Lampedusa desde hace dos días sin que se haya autorizado el desembarco de los migrantes, mientras la tripulación denuncia el deterioro de la situación a bordo.
El fundador de Open Arms, Oscar Camps, lanzó hoy un llamamiento desesperado para que Italia permita desembarcar a los migrantes, al no poder garantizar su seguridad y ante el temor de que se produzca un motín, y dijo que tanto los rescatados como la tripulación están «secuestrados».
«La situación está fuera de control. Escapa a nuestra capacidad», aseguró Camps en un vídeo hecho desde una lancha frente al buque Open Arms.
«A partir de hoy no nos podemos sentir responsables ni garantizar la seguridad de las 134 personas ni los 19 voluntarios de la tripulación, que están secuestrados en el Open Arms, porque ya es imposible mantener la calma. En cualquier momento se desata una acción colectiva y no podremos detenerla», advirtió.
Camps apeló al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, para que «proteja los derechos de los ciudadanos españoles que tienen a su cargo la seguridad de las personas en en un buque con pabellón español que está secuestrado en aguas italianas».
