Vista de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera, detenidos para ser procesados dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas (EEUU). EFE/Rick Loomis / POOL/Archivo

Los Ángeles – Cumplir 18 años para los indocumentados bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) significa un duro paso a la adultez: Encadenados, de pies y manos, son llevados a un centro de detención de adultos donde la batalla por la libertad se convierte en un reto más difícil de ganar.

Este era el destino que enfrentaba Arthur, el seudónimo con el que es identificado un joven inmigrante detenido por las autoridades federales de inmigración en el noroccidental estado de Washington y que este martes alcanzó la mayoría de edad y logró ser liberado.

“El gobierno federal había indicado que al cumplir los 18 años, (Arthur) sería trasladado al centro de detención de adultos en Tacoma”, relató a Efe la investigadora y profesora de la Universidad de Washington Angelina Snodgrass Godoy.

Ante la amenaza que enfrentaba el inmigrante, la experta en derechos humanos emprendió una campaña para evitar que el joven fuera trasladado al centro aduciendo que “es un caso más de separación de familias y detención arbitraria de menores”.

Los argumentos cobraron fuerza tras la orden de la jueza federal Dolly Gee emitida a finales de junio, que determinó que la pandemia del coronavirus se propagaba rápidamente en los centros de detención por lo que exigió la liberación de todos los migrantes menores de edad que se encontraran bajo custodia de la gubernamental ICE.

La magistrada dio como plazo a las autoridades migratorias para cumplir con su orden hasta el próximo 17 de julio, pero un gran número de activistas temen que la administración Trump no cumpla completamente con la orden.

Andrea Meza, directiva de la organización Raíces, confesó en un foro que el mayor temor «es que ICE podría tratar de acelerar los procedimientos en las próximas dos semanas y trate de deportar a todos, o al mayor número posible de padres que se encuentran detenidos junto con sus hijos, en lugar de liberarlos juntos”.

Los documentos judiciales muestran que hasta el pasado 8 de junio había 124 niños en los tres centros de detención para familias inmigrantes en el país.

Otros 507 menores estaban en refugios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y en los centros de detención juvenil, uno de ellos es Arthur.

No obstante, por cumplir 18 años, el joven inmigrante también entra en una categoría que según el gobierno lo acerca más a la deportación, consideró Snodgrass Godoy.

Marú Mora Villalpando, directora de la organización La Resistencia, en el estado de Washington, coincide con la investigadora y dice que las protestas contra el gobierno de Trump están sustentadas en las prácticas “inhumanas que se cometen y que obligan a recurrir a las cortes para tratar de detener las acciones contra los inmigrantes”.

«Sino hay un juez de por medio ICE no quiere actuar correctamente, incluso desobedecen esas órdenes», agregó.

Una de esas batallas legales la emprendió el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) en marzo de 2018 cuando presentó una demanda contra el Gobierno Trump por los traslados de menores detenidos cuando cumplen 18 años.

El guatemalteco Wilmer García Ramírez, quién fue trasladado al Centro de Detención de Inmigración para adultos en Eloy (Arizona) cuando cumplió 18 años, y Sulma Hernández Alfaro, enviada a una cárcel de inmigración en Texas en su cumpleaños, encabezaron la demanda colectiva.

La semana pasada, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia dictaminó que ICE viola sistemáticamente la ley cuando saca a inmigrantes jóvenes de los albergues para menores al cumplir 18 años de edad para enviarlos centros de detención de adultos.

El juez federal Rudolph Contreras, en un dictamen de 180 páginas, falló a favor de los inmigrantes que eran menores de edad cuando ingresaron, ilegalmente y sin compañía de adultos, a Estados Unidos.

«Nos complace ver que el tribunal de distrito se atuvo a la ley y reclama que la agencia del gobierno sea responsable de aplicar la ley correctamente», dijo en una declaración Mary Meg McCarthy, directora de NICJ.

Para Holly Cooper, codirectora de la Clínica de Inmigración de UC-Davis, la decisión del magistrado Contreras ratifica que por cumplir los 18 años estos migrantes no se convierten en “peligrosos”.

“En mi experiencia estos jóvenes no son peligrosos y no corren ningún peligro de fuga, no tienen porque estar en una cárcel con un adulto”, dijo la abogada a Efe.

En este sentido Godoy pone de ejemplo nuevamente a Arthur, quién no tiene en su récord ningún delito pero se le ha negado la libertad en varias ocasiones.

La investigadora dijo a Efe que Arthur fue puesto en libertad por las autoridades de inmigración hoy.

Aunque los activistas celebraron la liberación del joven, subrayaron que “es importante no dejar que la celebración de esta buena noticia opaque la realidad que este caso desnuda: nuestras autoridades migratorias siguen separando a jóvenes migrantes de sus familias”, sentenció Godoy.

Por su parte, Cooper señaló que “nadie quiere que el regalo para su cumpleaños sea una cárcel pero eso es lo que ha pasado a muchos jóvenes inmigrantes”.