La primera ministra británica, Theresa May, se dirige los medios en el 10 de Downing Street, en Londres (R. Unido), antes de ayer. EFE

Londres – La primera ministra británica, Theresa May, consiguió hoy que España levante el veto que había anunciado sobre el acuerdo del «brexit» en la cumbre del Consejo de Europa que se celebrará mañana en Bruselas, por lo que, con toda probabilidad, el pacto recibirá luz verde.

El Ejecutivo británico sorteó hoy el principal escollo que pendía de la cumbre de mañana, al emitir una aclaración por escrito del controvertido artículo 184 del pacto por el que el España se negaba a dar su visto bueno al acuerdo.

Según el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, ese artículo no daba al país las suficientes garantías de que tendría la última palabra en cualquier futuro acuerdo con Gibraltar.

Ante las críticas y amenazas de Madrid, el Gobierno de la conservadora May, a través de una carta enviada por el embajador del Reino Unido ante la Unión Europea (UE), Tim Barrow, al Consejo Europeo, aclaró que el artículo 184 del acuerdo de salida «no impone obligaciones respecto al alcance territorial de los acuerdos».

«El único propósito del artículo 184 del acuerdo de salida es crear obligaciones de compromiso para la Unión y el Reino Unido para negociar acuerdos que rijan la relación futura», puntualizó el Ejecutivo británico.

Algo que «no impone obligaciones respecto al alcance territorial de dichos acuerdos» y que, por lo tanto, «no es obligación ni presunción, sobre la base de esa disposición, que dichos acuerdos tengan el mismo alcance territorial que el previsto en el artículo 3 del acuerdo de salida».

Poco antes de ese comunicado, la ministra gibraltareña de Vivienda e Igualdad, Samantha Sacramento, advertía de que el Peñón «no se plegará» ante las demandas de España respecto al acuerdo del «brexit».

La política intervino en la conferencia anual del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) que comenzó hoy en Belfast, donde aseguró que Gibraltar «no será intimidado por ninguna oferta desde Madrid para socavar su soberanía».

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reúnen hoy en Bruselas con Theresa May para terminar de apuntalar el acuerdo de salida y la declaración política que, después de haber solventado el asunto del Peñón, se encontraría prácticamente encarrilado.

Sin embargo, cuando eventualmente el acuerdo del «brexit» supere el trámite en Europa aún le queda pasar por la votación en el Parlamento británico.

Es un nuevo desafío para la «premier», que cuenta con la oposición a su acuerdo de buena parte de los parlamentarios, incluidos más de 80 diputados de su propio Partido Conservador.

May es consciente del reto que supone que su acuerdo sea aprobado en Westminster y ha reconocido que ahora mismo sus esfuerzos se centran en convencer a los diputados para que lo apoyen.

A esa campaña también se han sumado sus ministros, como el de Economía, Philip Hammond, que hoy dibujó un escenario económico «caótico» si el acuerdo no es aprobado.

Hammond instó a la Cámara de los Comunes a secundar los planes de la mandataria británica porque, de lo contrario, habrá «muy serias consecuencias», que incluirán la pérdida de empleos.

«Si queremos que este país sea próspero en el futuro tenemos que volver a unirnos después de este proceso», agregó.

Entre los opositores al acuerdo también se encuentran los socios de Gobierno de May, los diez diputados del DUP, cuya líder, Arlene Fuster, instó hoy a la mandataria conservadora a «tirar a la basura» la solución de la conocida como «salvaguarda» para la frontera entre la república de Irlanda e Irlanda del Norte.

Fuster aseguró en la conferencia del DUP que su formación quiere ver «una retirada ordenada y negociada» y matizó que no hace campaña por «un no acuerdo», sino por «uno mejor».

La política ultraconservadora recordó que su formación «no está sola» y que «un gran número de conservadores», tanto del ala más euroescéptica como de los que abogan por la permanencia en la UE, así como el Partido Laborista, comparten sus reticencias al acuerdo.