San Salvador – El Salvador mantiene el «riesgo» de que el Congreso apruebe una ley de amnistía para los crímenes de guerra con la intención de frenar los procesos penales abiertos en los últimos años, advirtió en una entrevista con Efe David Morales, exprocurador de Derechos Humanos.
El sistema de Justicia del país centroamericano ha reabierto varias de las causas penales por los crímenes de guerra más importantes registrados entre 1992 y 1980, como el de la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote de 1981, después de que en 2016, el Supremo anulara la ley de amnistía de 1993.
Para Morales, el «riesgo» de una nueva amnistía emana de una propuesta de ley de «reconciliación nacional» presentada en el Congreso por el diputado del Partido Demócrata Cristiano Rodolfo Parker.
«Existe un gran riesgo de que esta propuesta de ley, que viola los derechos humanos y que generaría absoluta impunidad, sea aprobada», sostuvo el activista de derechos humanos.
Parker, señalado por un informe de la ONU que investigó los crímenes de la guerra civil salvadoreña de alterar las declaraciones sobre la masacre de 6 jesuitas en 1989, presentó la iniciativa ante una cuestionada comisión del Congreso que él dirigía y a cuya presidencia renunció tras recibir numerosas críticas.
Diversas organizaciones criticaron la formación de dicha comisión especial, creada principalmente para valorar las implicaciones de la anulación de la amnistía, por estar formada por militares retirados y una excomandante guerrillera.
El diputado Parker renunció a la comisión el 18 de marzo pasado a raíz de las críticas que recibió su propuesta por parte de diversos sectores, incluida la ONU y la Iglesia salvadoreña.
Para Morales, director de Derechos Humanos de la organización Cristosal, el «riesgo» de la amnistía persiste pese a la renuncia de Parker, dado que la referida comisión adoptó su propuesta como «documento de trabajo».
Señaló que únicamente el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) «ha rechazado la propuesta», mientras que los representantes del resto de partidos, todos de derecha y con mayoría en el Congreso, «han mostrado simpatías».
La iniciativa, apuntó Morales, posee «graves deficiencias jurídicas» que «son deliberadas» y «estarían generando de nuevo un escenario de impunidad absoluta».
«Es una propuesta de ley que declara la vigencia de una nueva amnistía amplia, absoluta e incondicional», terminología que «está expulsada del ordenamiento jurídico por la Sala de lo Constitucional», señaló.
Explicó que los jueces tomaron esta decisión porque «hay crímenes tan graves, violaciones a derechos humanos tan graves que no pueden ser objeto de amnistía».
Por otra parte, explicó que más de 20 organizaciones sociales han rechazado la formación de la referida comisión, dado que muestra la «voluntad» de que se emita «una nueva ley de impunidad», con la que se perpetraría un «fraude» a la sentencia que anuló la amnistía de 1993.
Relató que solicitaron a la Junta Directiva del Congreso que «pusiera fin» a la comisión, dado que su «mandato es ambiguo» y supone que el órgano de Estado tiene la «discrecionalidad de decidir» sobre lo ordenado por los jueces constitucionales.
El fallo constitucional, entre otras cosas, manda al Congreso crear una ley que sustituya a la amnistía anulada y que se centre en la reparación de las víctimas.
Lamentó que la comisión se centrara en escuchar las posturas de abogados que públicamente «fueron defensores de la ley de amnistía absoluta de 1993» y han «soslayado» las reivindicaciones de los sobrevivientes.
La anulación de la amnistía en 2016 también permitió la reapertura de procesos penales por la matanza de los seis padres jesuitas y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980).
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, que se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, solo guarda prisión el coronel Guillermo Benavides, quien cumple 30 años de cárcel por el crimen de los jesuitas.
