San Salvador.- El Salvador registra en 2019 más de 2.300 personas desaparecidas en medio de la violencia atribuida a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13), informó este sábado la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente precisó que entre el 1 de enero y el 16 de septiembre pasado se computaron 2.311 casos de personas desaparecidas, con lo que el promedio diario es de aproximadamente 9 casos.
La Fiscalía General señaló que se «trabaja para eliminar este flagelo, que muchas veces esconde otros delitos» y recordó que el fiscal general, Raúl Melara, solicitó a la Asamblea Legislativa incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada con «penas severas».
La reforma a dicho código establece penas de entre 20 a 45 años de prisión contra quienes cometan el delito de desaparición de personas, explicó Melara a periodistas tras presentar la propuesta el 23 de julio pasado.
El fenómeno de las desapariciones se ha mantenido en El Salvador, pese al fin de la guerra civil (1980-1992), por la violencia generada por las pandillas en las últimas décadas.
Datos de la Policía Nacional Civil entregados a Efe dan cuenta de que entre 2010 y 2016 desaparecieron unas 10.800 personas, una media de 4 al día, superior a las 8.000 desapariciones registradas durante la guerra.
Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.
A inicios de agosto, la FGR exhumó 13 cadáveres de una fosa clandestino de la pandilla MS13 en una localidad cercana a la capital.
Este sitio se suma a los más de 150 cementerios clandestinos de las pandillas encontrados desde 2014 en diversas partes del país, con más de 220 víctimas de la violencia homicida.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, muertes atribuidas principalmente a las pandillas.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
