Washington – El Tribunal Supremo de Estados Unidos desechó este viernes tres apelaciones contra las iniciativas del expresidente Donald Trump para cortar fondos federales a ciudades y estados que ofrecen «santuario» a inmigrantes indocumentados.
El presidente Joe Biden ya ha rescindido el decreto de 2017 con el cual Trump ordenó a las agencias del Gobierno federal que retuvieran fondos asignados a jurisdicciones donde las autoridades locales no colaboraban con las federales en materia de inmigración.
Desde entonces, los tribunales han dado fallos contradictorios acerca de la legalidad de esa política de Trump, y la decisión adoptada hoy significa que el Tribunal Supremo no dictaminará si esa medida era legal o ilegal.
Este jueves el Departamento de Justicia había pedido al Supremo que desechara las tres demandas indicando que el Gobierno ya no aplicará la política decretada por Trump.
El argumento principal de la Administración Trump era que los «santuarios» dan protección a inmigrantes indocumentados que cometen crímenes y amenazan la seguridad pública.
En el marco de la política contra los «santuarios», el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solicitaba a las policías locales que retuvieran a los presos por hasta 48 horas después del cumplimiento de sus sentencias a fin de procesar la deportación de los inmigrantes indocumentados.
Cientos de ciudades y condados en al menos 11 estados han instituido diversas formas de «santuario» que, en su mayoría, consisten en que las autoridades locales no informan a las autoridades federales sobre inmigrantes indocumentados detenidos o procesados por delitos menores.
Hace un año el entonces presidente Trump afirmó que el Gobierno federal retendría los fondos asignados para ciudades que se han declarado «santuarios» para los migrantes indocumentados.
«(Estas ciudades) deberían cambiar su status a no-santuario. ¡No protejan a los criminales!», escribió Trump en la cuenta Twitter que todavía tenía.
Los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Rhode Island, Washington, Massachusetts, Virginia y Nueva York, además de la ciudad de Nueva York, demandaron en 2017 al Departamento de Justicia después que el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció que la agencia empezaría a retener fondos de los Gobiernos locales que se negaran a compartir información sobre indocumentados.
En marzo de 2020 un tribunal federal en Nueva York dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional tenía atribuciones para imponer condiciones a la entrega de millones de dólares en fondos federales a las ciudades que se habían declarado «santuarios».
Pero ese fallo contradijo las decisiones que habían anunciado los tribunales del Tercero, Séptimo y Noveno circuitos federales, que señalaron que el Gobierno Federal no tenía autoridad legal para retener los fondos.
