Nueva Delhi.- El Tribunal Supremo indio permitió hoy la deportación a Birmania (Myanmar) de siete miembros de la minoría musulmana rohinyá detenidos en la India en 2012, un año después de haber suspendido cautelarmente las repatriaciones de esta comunidad.
El abogado Prashant Bhushan, que presentó una petición ante el máximo órgano judicial del país asiático para frenar la deportación, explicó a Efe que la sala del Supremo decidió no intervenir en la deportación de los siete rohinyás, retenidos en el estado nororiental de Assam.
«Defendí que deberían dejar al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados verificar si realmente quieren ser repatriados, porque todas las agencias de la ONU están diciendo que las condiciones en Myanmar no son apropiadas para que los refugiados vuelvan ahora mismo. Podrían ser golpeados o asesinados», dijo.
Bhushan denunció que no está claro si los rohinyás desean volver a Birmania, como ha afirmado el Gobierno indio, ya que no han tenido acceso a un abogado.
Hace un año, el Tribunal Supremo paralizó temporalmente el plan del Ejecutivo de deportar a los casi 40.000 rohinyás que residen en la India.
Sin embargo, subrayó Bhushan, tanto la composición de la sala como el presidente del Supremo han cambiado, al asumir ayer el cargo el juez Ranjan Gogoi como jefe del máximo órgano judicial indio.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Raveesh Kumar, declaró hoy en una rueda de prensa en Nueva Delhi que los siete rohinyás confirmaron ayer su deseo de ser repatriados.
Kumar afirmó que el Gobierno birmano ha entregado certificados de identidad a los miembros de esa minoría musulmana para regresar al estado de Rakáin (oeste), desde el que huyeron cerca de 700.000 rohinyás para escapar de la violencia de las fuerzas de seguridad.
«El gobierno de Assam ha organizado la repatriación de las siete personas a Myanmar», añadió el portavoz de Exteriores.
El director general adjunto de la Policía encargado del control de fronteras en Assam, Bhaskar Jyoti Mahanta, confirmó a Efe que el proceso de deportación ha comenzado, aunque no pudo indicar si los rohinyás ya han abandonado la India.
La decisión «contradice la orgullosa tradición india de ofrecer refugio a los que huyen de violaciones graves de los derechos humanos», denunció hoy por su parte el director ejecutivo de la organización Amnistía Internacional para la India, Aakar Patel.
La India no forma parte de la Convención de los Refugiados de 1951 y carece de un marco legal de protección para ellos, aunque tradicionalmente ha mantenido una política de acogida de refugiados.
Sin embargo, hace un año, en medio del éxodo de rohinyás, el Gobierno indio endureció su postura con relación a esta comunidad, afectando incluso el estatus de los 40.000 miembros de este grupo que viven en el país desde hace años.
