Tegucigalpa – El gobierno pretende eliminar todas las exoneraciones fiscales otorgadas por distintos regímenes y crearán dos nuevos, de acuerdo al anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria que le fue entregada a la dirigencia del Cohep, pero algunos analistas señalaron que la meta oficial es solamente incrementar los ingresos.
El anteproyecto aclara que los actuales beneficios que tienen las empresas se mantendrán hasta que los mismos caduquen, pero el gobierno se reserva el derecho de eliminarlos si la Secretaría de Finanzas cuando haga las auditorías comprueba que los mismos han sido incumplidos o no han generado los beneficios para los cuales fueron concedidos.
Según el proyecto, se eliminarían los regímenes de las Zonas Libres, el Régimen de Importación Temporal, Fomento Agropecuario, Promoción a la Generación de Energía con Recursos Renovables, Fomento a los Call center, Fomento al Turismo, Ampliación de Beneficios a Zolitur, Alianza Público-Privada, Promoción y Protección de las Inversiones.
Igualmente se cancela el mecanismo conocido como Orden de Compra Exenta pasando en el futuro al de Devolución de Tributos Pagados, igualmente se creará el Sistema de publicación de individualización de beneficios de privilegios fiscales.
Una vez eliminados los regímenes de exoneraciones fiscales, el gobierno busca crear dos nuevos el llamado Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (RINDE), el cual será administrado por el Servicio de Administración de Renta (SAR), el cual otorgará beneficios fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Aportación Solidaria, Activo Neto y Ganancia de capital.
También se creará el Régimen de Zonas francas, que estará bajo la égida de la Administración Aduanera de Honduras (AAH) y al cual las empresas que se acojan deberán tener mayoría de capital extranjera.
Igualmente las empresas estarán exoneradas del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) y de impuestos conexos, Activo neto y las de Ganancia de capital.
Otra propuesta es cambiar el sistema de renta territorial a una global, a fin que los inversionistas hondureños paguen tributos por los ingresos obtenidos de sus ganancias en el exterior.
Se buscará eliminar el secreto bancario para los casos de declaraciones tributarias.
El anteproyecto señala que se prohibirán las condonaciones de deudas tributarias, como ha ocurrido regularmente en el pasado.
El anteproyecto también plantea que el sistema conocido como marchamos pasará a ser administrados por el gobierno en lugar del Consejo Hondureño de la Empresa privada (Cohep).
Gobierno creará empresas
El documento, que fue entregado por el secretario privado presidencial Héctor Manuel Zelaya, el director de la SAR, Marlon Ochoa y el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, establece que el gobierno podrá crear empresas públicas.
La mayoría de las actuales empresas públicas se encuentran quebradas y solo existen por que el gobierno inyecta recursos desde la Secretaría de Finanzas, tales los casos de Hondutel y ENEE.
En el caso del SANAA ingresan los recursos como gastos en agua y saneamiento y Banasupro ha sido otro ejemplo, así como Banadesa.
El analista Carlos Urbizo dijo que no es tarea del gobierno crear empresas, ya que esa es función de la iniciativa privada.
En todo caso se interrogó en qué áreas invertirá el gobierno, si comprará empresas y si competirá con el sector privado.
Empresa privada a la cola en inversiones
El proyecto de decreto de Ley de Justicia Tributaria también establece que se promoverán las inversiones y se establecen las prioridades de la misma, donde se da a la inversión estatal tiene la primera opción, seguida por la municipal, se crea la comunitaria y por último la privada.
Al final se promueve una llamada mixta, una combinación de varios actores de inversión.
Incentivos no son inventos de Honduras
El analista económico Carlos Urbizo indicó que los incentivos fiscales no son un invento de Honduras y que se otorgan en todos los países, incluso los más desarrollados.
Urbizo indicó que al final el gobierno ingresará más recursos con el proyecto, ya que se eliminarán exoneraciones, así como se pretende obligar al inversionista que opera en el extranjero a pagar por sus ganancias.
Indicó que eso significa doble tributación, lo que no ocurre en la mayoría de las naciones, señalando el caso más cercano de Guatemala cuyas empresas operan en Honduras, pero no se les obliga a pagar en dicha nación por las ganancias generadas en suelo0 hondureño.
De su lado el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortin, indicó que el cambio de las normas y legislaciones en materia económico es uno de los principales mensajes negativos que recibe la inversión extranjera.
