Nuevos ciudadanos estadounidenses juran su recién adquirida nacionalidad durante la ceremonia de ciudadanía para soldados en activo y civiles extranjeros en la Casa Blanca, Washington, Estados Unidos. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington – Los empleados del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) advirtieron este viernes que las licencias no pagadas, que podrían iniciarse la semana próxima por falta de fondos en la agencia, tendrán un impacto grave en la economía, las Fuerzas Armadas y la inmigración legal.

«Nos aterra la perspectiva de que nuestras fuerzas militares, las empresas, la economía y los solicitantes legales de visas sufran más perjuicios si el Congreso no actúa», dijo la representante gremial Danielle Spooner, en una campaña de avisos en televisión y redes sociales, promovida por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE).

La agencia ya advirtió a más de 13.400 de sus 16.700 empleados que podrían pasar a licencia sin pago de sueldo desde el 3 de agosto debido a la escasez de fondos para las operaciones, que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19.

USCIS opera financiada por las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas temporarias, visas de residencia legal permanente y obtención de la ciudadanía estadounidense.

La agencia ha calculado una reducción del 61 % en sus recaudaciones hasta el fin del período fiscal 2020, que concluye el 30 de septiembre, y aunque ha limitado los aumentos de sueldos y ha adoptado otras medidas para restringir sus gastos, sus directores han indicado que se necesitan medidas drásticas para mantenerla funcionando.

USCIS ha pedido del Congreso una asignación de emergencia de 1.200 millones de dólares antes de que comience el período fiscal 2021, y un incremento del 10 % en las tarifas por los trámites migratorios, pero hasta hoy los legisladores no han aprobado una resolución sobre el asunto.

Los despidos temporales de casi el 80 % de los empleados de USCIS «reducirán el personal de la agencia responsable por ayudar a que las empresas, los militares y las organizaciones no gubernamentales tengan acceso legalmente a la fuerza laboral documentada que necesitan, al tiempo que asisten a las personas que solicitan refugio y asilo», indicó AFGE.

Michael Overman, un veterano de la Marina de Guerra y representante gremial en Nebraska, indicó que «la oportunidad de obtener la ciudadanía mediante el servicio militar a nuestro país es una tradición fundamental y una herramienta para dotar a nuestras fuerzas armadas, y los cortes propuestos destruirían esa tradición».

Las empresas y las fuerzas armadas «definitivamente, serán los primeros sectores que sufrirán el impacto de estas reducciones (de personal), dijo Ruark Hotopp, otro representante gremial. «Este es mal momento para que el gobierno perjudique a las empresas y a las fuerzas armadas ya golpeados por la pandemia de COVID-19».

La organización gremial detalló que los avisos empiezan a difundirse esta semana también en redes de televisión por cable y en canales deportivos en washington DC y en distritos electorales clave para los legisladores tanto demócratas como republicanos «donde los empleados encaran miles de despidos temporarios».

Esta semana, el vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, Patrick Leahy, y su colega Jon Tester, ambos demócratas, pidieron en una carta al jefe interino de Seguridad, Chad Wolf, que posponga los planes de licencia temporal para esos miles de empleados dado que la agencia federal «actualmente proyecta terminar el año fiscal con un superávit y un saldo suficiente para pagar su empleados por el resto del año fiscal».