San Salvador – En El Salvador se implementó, en el contexto de un régimen de excepción para «combatir» a las pandillas, una «política de cuota de detenciones», lo que representa una violación sistemática de derechos humanos, de acuerdo con un informe de las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal presentado este miércoles.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Bajo esta medida, según una investigación de HRW en conjunto con Cristosal, ha habido una violación sistemática de derechos humanos, se registran más de 90 personas fallecidas en custodia del fuerzas de seguridad del Estado, casos concretos de torturas y malos tratos, y se reporta la detención de al menos 1.600 menores de edad.
«El informe documenta y reconoce que El Salvador necesita una política efectiva de seguridad y justicia para poder desmantelar a las pandillas. Cuestiona que el tipo de política que se ha implementado bajo el Gobierno en el marco del régimen no solamente no es sostenible, sino que recicla y genera nuevos tipos de violencia y gravísimas violaciones a derechos», señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW en una presentación virtual del informe.
El documento, denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, es producto de una investigación exhaustiva conjunta entre HRW y Cristosal durante los más de 8 meses de vigencia de la medida de excepción, y en la cual se realizaron 140 entrevistas a profundidad, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.
Taraciuk señaló que solicitaron una reunión con el presidente Nayib Bukele para presentar los hallazgos y las recomendaciones del informe, pero que aún no han recibido respuesta.
POLÍTICA DE CUOTA DE DETENCIONES
Una de las primeras acciones implementadas por las fuerzas de seguridad salvadoreñas en el marco del régimen de excepción fueron las detenciones masivas, que dejaban como resultado a cientos de personas capturadas en el día a día.
Goebertus señaló que en el informe se ha documentado «una política de cuotas que genera incentivos perversos», medida que fue implementada entre finales de marzo y septiembre pasado, de acuerdo con la directora de HRW.
Apuntó que se tiene registro que «jefes de la Policía han venido desarrollando un sistema de cuotas para capturar a un número determinado de personas al día».
Goebertus ejemplificó que «este tipo de políticas es lo que se conoció en su momento en Vietnam como el conteo de cuerpos que fue implementado en distintos países de América Latina incluyendo, desafortunadamente, en Colombia. Desarrollando fenómenos gravísimos de ejecuciones extrajudiciales».
«Lo que estamos documentando en El Salvador es el inicio de una política de cuota que, si bien hemos recibido información que habría sido suspendida, ha generado una serie de incentivos perversos que nos preocupan muchísimo», subrayó.
Añadió que dicha situación «va de la mano de una segunda práctica, que de alguna manera ha generado la dinámica de dar importancia a quien se captura. Esto, a su vez, genera casos de cientos de personas que fueron capturadas y que no tenían ninguna relación ni con pandillas ni con actos delincuenciales».
Bajo la medida del estado de excepción han sido capturados, según las autoridades salvadoreñas, más de 59.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas.
PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA
Una de las recomendaciones del informe es que El Salvador construya una política de seguridad y de administración de justicia que se concentre en una persecución penal estratégica para desestructurar las pandillas y no para «simplemente tener un conteo de las personas se capturan, sino que realmente corte sus redes de financiación y las redes de corrupción que las nutre».
La directora para las América de HRW señaló que también es necesario implementar medidas de prevención para sacarle a las pandillas la capacidad de seguir reclutando, tener presencia del Estado en los barrios en los que usualmente el control territorial lo tienen las pandillas, ofrecer alternativas y oportunidades de acceso a la educación y al empleo.
Además, establecer una política seria de acceso a datos y estadísticas.
