"Bajo la nueva regla, USCIS considerará todos los factores requeridos por la ley, como la edad, la salud, el ingreso, la educación y las capacitaciones del inmigrante, entre otros, a fin de determinar si el extranjero podría convertirse en el futuro una carga pública", indicó la agencia. EFE/Gary Williams/Archivo

Washington – El gobierno del presidente Donald Trump aplicará desde el 24 de febrero la regla de «carga pública» por la cual puede negar la residencia legal permanente («green card») a los inmigrantes que reciban beneficios públicos, según un anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El Tribunal Supremo de Justicia dio el lunes pasado luz verde al Gobierno para que aplique la norma de «carga pública», una decisión que encendió de inmediato las críticas de organizaciones civiles.

Con una votación de 5-4 en la que prevalecieron los magistrados conservadores, se avaló la aplicación de la norma, que el Ejecutivo anunció en agosto de 2019 y debía entrar en vigor en octubre pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.

USCIS, en un comunicado, anunció que aplicará la norma a partir del 24 de febrero en todo el país, excepto en Illinois donde todavía una orden de un tribunal federal mantiene en suspenso la medida.

«Bajo la nueva regla, USCIS considerará todos los factores requeridos por la ley, como la edad, la salud, el ingreso, la educación y las capacitaciones del inmigrante, entre otros, a fin de determinar si el extranjero podría convertirse en el futuro una carga pública», indicó la agencia.

«La autosuficiencia es un valor estadounidense central y ha sido parte de la ley de inmigración por siglos», afirmó en una declaración el secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli. «El presidente Trump ha pedido la aplicación de las leyes de inmigración que han estado vigentes por mucho tiempo, y USCIS cumple esa promesa».

«Al exigir que quienes buscan venir o quedarse en Estados Unidos dependan de sus propios recursos, sus familias y sus comunidades, estimularemos la autosuficiencia, promoveremos el éxito de los inmigrantes y protegeremos a los estadounidenses que pagan impuestos», añadió Cuccinelli.

En diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones en decisiones separadas habían rechazado los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la Administración de Donald Trump.

Según la directora adjunta de la organización America’s Voice, Pili Tobar, la decisión del Supremo confirma que la «inmigración en la América de Trump» es «solo para los ricos».

La polémica norma establece que un migrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un periodo de tres años.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

La presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, advirtió que el no proteger «a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, niños y ancianos», al tiempo que calificó de «discriminatoria» la norma.

En aplicación de la norma, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una «carga pública» para la Administración; es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.