Tegucigalpa – En más del 5.8 % aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Honduras, al pasar de 9,782 en el 2021 a 10,354 en el 2022, la mayoría de ellas presentadas por personas en condición de vulnerabilidad, reveló hoy la Unidad de Estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– Entre los grupos en condición de vulnerabilidad que más interpusieron denuncias, ante el Conadeh, figuran las mujeres con 3,290 quejas; los adultos mayores, 1,242; los privados de libertad 556; niñez y adolescencia 261. A ellos se suman personas de la población LGTBI, migrantes, pueblos étnicos y afro-hondureños, trabajadoras sexuales, campesinos y personas con discapacidad.
En el 2022, Alrededor de 30 modalidades violatorias a los derechos humanos alcanzaron el 72 % de las quejas, según el ente estatal de derechos humanos.
1,309 personas denunciaron ser víctimas de amenazas a muerte, mientras que 1,188 porque se le negó el acceso a la justicia y al debido proceso.
Otras quejas están relacionadas con personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado, abusos de autoridad, violación a los derechos laborales, cobros indebidos, malos tratos, hostigamiento, asesinato de parientes y amigos, entre otros.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre declaró que la violencia generada por el crimen común y organizado, sigue siendo uno de los factores más fuertes que atentan contra el derecho a la vida, que incluye no solo la referencia de homicidios por habitantes, sino también, las consecuencias graves de algunas víctimas que terminan con serias lesiones a su integridad física.
Indicó que, en el 2022, fueron frecuentes las denuncias interpuestas por la ciudadanía sobre vulneraciones al derecho a la integridad personal y, en las cuales, se involucran a los cuerpos de seguridad del Estado, así como de particulares, por los constantes actos de irrespeto a la dignidad de las personas.
En ese sentido, instó, a las instituciones competentes, a ejercer con firmeza, con enfoque de derechos humanos y debida diligencia, la investigación, identificación, sanción y enjuiciamiento de los responsables, y a evitar la repetición de hechos que lesionan los derechos fundamentales de los habitantes.
En lo que respecta al acceso a la justicia indicó que, es uno de los ejes fundamentales del Estado de Derecho y que, su ejercicio es fundamental para que todo ser humano pueda acudir, ante los órganos encargados de impartir de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.
Sin embargo, en la práctica, este derecho es impedido por la existencia de obstáculos normativos, sociales y económicos que imposibilitan, a las personas, ejercer su derecho de defensa en juicio y obtenga una revisión judicial idónea, incluso su acceso a los procesos judiciales o administrativos.
Según los datos del Índice de Impunidad Global (IIG) de la Universidad de las Américas Puebla, en la edición de 2020, Honduras tiene el nivel más alto de impunidad en la región y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global, lo cual indica que no hay una mejora o una transformación positiva en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia.
Todo el país escenario de violaciones
La Unidad de Estadísticas señala que, entre las instituciones denunciadas, ente el Conadeh, figuran las secretarias de Educación, Salud, Seguridad, Gobernación y Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Recursos Naturales y Ambiente.
A los entes denunciados se suman alcaldías municipales, el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio Público, Juzgados de Letras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los tribunales de sentencia, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
En el documento, también se destaca que, las quejas atendidas por este ente estatal, tuvieron como escenario los 18 departamentos del país.
Al menos, 8 departamentos de Honduras registraron el 67 % de las quejas, la Oficina del Conadeh en Tegucigalpa, Francisco Morazán, atendió 2,232; seguida por la de San Pedro Sula, Cortés con 858; la de Ceiba, Atlántida 828; Olancho 676; Copán, 650; Choluteca, 601; Comayagua 571 y El Paraíso, 502.
Las mujeres, las que más denuncian
Entre los grupos en condición de vulnerabilidad que más interpusieron denuncias ante el Conadeh, figuran las mujeres con 3,290 quejas, que representan el 32 %; los adultos mayores, 1,242; los privados de libertad 556; niñez y adolescencia 261.
También denunciaron, ante el Conadeh, ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, personas de la población LGTBI, migrantes, pueblos étnicos y afro-hondureños, trabajadoras sexuales, campesinos y personas con discapacidad.
La Unidad de Estadísticas reveló que, de acuerdo a la ocupación de las personas que denunciaron, ante el Conadeh, ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, al menos, 908 son amas de casa, 524 comerciantes, 443 docentes de educación primaria, media y superior, 411 agricultores.
Además, profesionales del derecho, agentes policiales y militares, motoristas de taxis, buses y moto taxis, estudiantes del nivel medio y superior, vendedores ambulantes, fiscales, jueces, periodistas, alcaldes, guardias de seguridad, médicos, defensores de derechos humanos, jubilados, entre otros.
