Tegucigalpa – Víctimas de la violencia de género, al menos 3 mil 834 mujeres denunciaron, en los últimos 8 años (2026-2023), estar en riesgo o ser víctima de desplazamiento forzado al ser objeto de amenazas, asesinato de miembros de su familia, atentados y extorsiones reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– Las amenazas, el asesinato de parientes, atentados contra su propiedad, las extorsiones, el despojo de tierra, la discriminación, el rapto, así como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes figuran entre los principales hechos violentos que hacen que las mujeres tengan que huir de sus hogares.
Según el ente estatal, la violencia de género es una de las principales causas de desplazamiento forzado en este país centroamericano.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre explicó que el alto número de quejas atendidas, por la Institución Nacional de Derechos Humanos, por violencia doméstica, intrafamiliar, sexual y femicidios, es una prueba irrefutable de un sistema de convivencia marcado por el maltrato, hostigamiento, discriminación y la privación de la vida en contra de las mujeres.
En los ochos años, objeto de análisis, el Conadeh atendió 3 mil 834 quejas de mujeres, de las cuales, en el 38 % de los casos admitieron ser víctimas de desplazamiento forzado mientras que el 62 % restante que estaban en riesgo y que su integridad física y su vida estaba en peligro.
Solo en el 2023, se presentó un incremento significativo de quejas por desplazamiento forzado interno, identificándose un total de 843 que vinculan a las mujeres como víctimas de esta modalidad violatoria de derechos humanos.
Entre los hallazgos, revelados por el Conadeh, se establecen que, entre los principales agresores figuran personas conocidas que incluyen a sus parejas, familiares o vecinos, además, miembros de maras o pandillas, personas desconocidas, operadores de justicia y bandas criminales.
Señala que, las amenazas en el 47 % de los casos, el asesinato de parientes (14 %), atentados contra su propiedad (12 %), las extorsiones (5 %), el despojo de tierra (4 %), la discriminación (4 %), el rapto (3 %), así como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes figuran entre los principales hechos violentos que hacen que las mujeres tengan que huir de sus hogares.
De acuerdo a las denuncias atendidas por el Conadeh, a nivel nacional, los departamentos que presentan el mayor riesgo de desplazamiento, para las mujeres, son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Choluteca y Gracias a Dios.
Muchas mujeres se encuentran en un “callejón sin salida”
La defensora de los derechos humanos indicó que las mujeres víctimas de la violencia se encuentran, muchas veces, en un callejón sin salida, debido a que los esfuerzos del Estado, en materia de seguridad y justicia, no son suficientes para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en contra de ellas.
Hay casos donde se vulneran los derechos de acceso a la justicia cuando los mismos órganos competentes, creados para hacer cumplir la ley y brindar seguridad a los ciudadanos, restan importancia y desestiman las denuncias interpuestas por las mujeres.
Todo lo anterior, nutre la impunidad y perpetua los hechos de violencia y discriminación contra la mujer, que inducen al desplazamiento forzado interno y, en su momento, a la migración.
Hasta ahora, uno de los sectores más afectados es el de las amas de casa, cuyos riesgos de persecución se asocian a que son mujeres que residen en comunidades controladas por grupos criminales y, por ser madres que actúan en defensa de la familia al proteger a sus hijos u otros familiares, de cualquier amenaza que pueda provocarles daño.
El desplazamiento forzado, una de las modalidades violatorias de los derechos humanos que crece año con año, fue reconocido por el Estado hondureño en el 2013 y fue hasta abril del 2023 que se creó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
Dicha ley establece medidas preventivas como el diseño de programas planes y proyectos de prevención, la implementación de un sistema de alertas tempranas y la obligación de diseñar una Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado.
En el 2016, el Conadeh con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) activó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), con el objetivo de monitorear de manera permanente el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional.
Además, para brindar apoyo en atención a las víctimas y dar seguimiento al cumplimiento, por parte de las entidades del Estado, de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de atención integral a las personas desplazadas por la violencia.
