San Salvador – El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) alertó este martes que la libertad de expresión en El Salvador está en una «situación grave y frágil» y subrayó que el derecho al acceso a la información pública «ha venido sufriendo un proceso acelerado de detrimento».
Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH que pertenece a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), explicó durante la presentación de un informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país en 2023 que «el derecho a la libertad de expresión no está siendo debidamente protegido» y que, al igual que otros derechos fundamentales, «está en una situación grave y frágil».
Expuso que en los últimos años se han ejecutado acciones que «atentan» contra la libertad de expresión de periodista y ciudadanos, siendo «la negativa a entregar información pública por parte de las instituciones gubernamentales lo más preocupante».
Rodríguez apuntó que el ente de derechos humanos analizó a 18 instituciones públicas en el componente de entrega de información oficiosa en 2023 y se encontró que «la mayoría de estas instituciones se niega a compartir información».
Señaló que dichas instituciones también «han violentado el derecho de la participación ciudadana al no incluirlo entre sus prioridades».
Gabriela Santos, directora del OUDH, indicó que «actualmente no hay protección por parte del Estado hacia la libertad de prensa y de expresión», «es la parte institucional la que no permite que se ejerza este derecho, ni siquiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos alza la voz ante situaciones que ocurren», dijo.
«La falta de acceso a la información pública es una de las principales y más sentidas limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión», indicó.
Santos añadió que «el acceso a la opinión pública es como ese derecho llave que me permite ejercer otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de prensa».
El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA también hace énfasis en las más de 300 agresiones contra periodistas registradas en 2023 por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
El OUDH llama al Gobierno y al Estado salvadoreño a «establecer mecanismos de monitoreo para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión» y a la Procuraduría de Derechos Humanos a «revisar y mejorar sus prácticas internas para prevenir violaciones a la libertad de expresión».
