Tegucigalpa/Florida – Este sábado entró en vigencia en el estado de Florida la Ley SB 1718 que promovió el gobernador Ron DeSantis en contra de la inmigración ilegal.
Esta norma establece que se puede multar por cinco mil dólares hasta una condena de 15 años de prisión a alguien que transporte a una persona indocumentada.
Asimismo, fuerza a las empresas que posea por lo menos 25 empleados a verificar el estado migratorio de cada uno de sus colaboradores en la base de datos federal “E-Verify”.
La ley también dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.
La Ley SB 1718 ha generado reacciones en la comunidad migrante en Estados Unidos quienes desde el comienzo han rechazado la normativa y han realizado protestas para presionar y se de vuelta atrás.
Incluso, desde hace varios días, varios migrantes de otros estados se han trasladado en caravanas hacia Florida para expresar su repudio a la ley y exigir una reforma migratoria que sea integral.
La comunidad inmigrante ha advertido que esta normativa causara enormes daños a la economía de Florida porque perjudica la fuerza laboral de los indocumentados en áreas como la agricultura.
También se ha advertido que con la entrada en vigencia de la Ley SB 1718, la comunidad migrante de Florida se movilice hacia otros estados con la intención de no ser detenido ni deportado.
