Tegucigalpa – Tres presuntos miembros del brazo legal del cartel de Los Cachiros se entregaron a las autoridades hondureñas este jueves y ya guardan prisión en la cárcel nacional de Támara a la espera de la audiencia inicial que se realizará el próximo martes 2 de abril.
Se trata del abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Salgado y su hijo Roberto Arturo quienes se mantenían prófugos, pero se presentaron en un tribunal de justicia en Tegucigalpa.
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La red Cachiros muestra más negocios
La acción tiene implicación fundamental con la operación Apolo, efectuada por el Ministerio Público.
Igualmente, con el último hecho presentado por el Ministerio Público, su unidad UFECIC apoyados por la MACCIH, en el llamado caso “Patuca III, colusión y corrupción”, en el cual están implicados 10 personas, muestra el montaje de una presunta red criminal con nexos con el desarticulado cartel de Los Cachiros, que no solo tuvieron negocios con el Estado por medio del desaparecido Fondo Vial, sino que también en la ENEE con el proyecto Patuca III, de lo que se conoce por ahora.
Los tres que se presentaron este día ante el juez: Roberto Arturo Mejía Salgado, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Francisco Arturo Mejía.Tres de Las 10 personas imputadas en la investigación de la UFECIC-MACCIH, y hasta hace escasas horas prófugas de la justicia, son señalados como testaferros de Los Cachiros y en nombre de éstos crearon empresas que sirvieron para hacer negocios a través de diversas empresas estatales, indican los señalamientos fiscales.
Construcción de proyecto Patuca III
Patuca III y la Operación Apolo
Ellos crearon sociedades y redes para operar los negocios de Los Cachiros, luego que uno de sus integrantes—Devis Leonel Rivera Maradiaga—diera amplias facultades legales a uno de ellos para representarlo, cobrar e invertir en negocios, entre otras disposiciones, según informes de las unidades investigadoras.
El Ministerio Público en diversas operaciones, entre ellas la Operación Apolo, en el 2016, develó una de las formas de operar de los supuestos testaferros de Los Cachiros por medio de empresas como Acrópolis, Inrimar, Conor, ARQDICO, COSEMSA, PRODERSA (rubro energía renovable), Potencia y Energía Mesoamérica, entre otras, que poco a poco van saliendo ligadas al que fuera uno de los carteles más potentados del país.
Esta red permitió al cartel volver lícito lo ilícito, según los registros en poder del Ministerio Público.
En el caso Patuca III, colusión y corrupción, el MP- UFECIC y la MACCIH detallan cómo una red de empresas, vinculadas entre sí por sociedades de familiares o amigos, licitó con el gobierno para un proyecto de unidad de viviendas para ese proyecto hidroeléctrico y ofertaron precios supernumerarios, estafando así al Estado.
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A lo interno de la ENEE
La operación, según el trabajo investigativo de la UFECIC en apoyo con la MACCIH, se estructuró desde lo interno de la ENEE, desde una Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable y en donde habría existido complicidad de sus empleados, en especial del comité de ofertas. Ese modus operandi, se repite en otros casos de los 10 que hasta ahora ha investigado el MP – UFECIC con el apoyo de la MACCIH.
Y dentro de los imputados por este caso, aparece nuevamente los mismos miembros de redes, hasta este jueves, prófugos de la justicia, pero que, en cumplimiento del mandato dado legalmente por Los Cachiros, detectaron las “oportunidades de negocios” con el Estado y poco a poco así lo evidencian los hechos del Ministerio Público y la UFECIC junto a la MACCIH.
El caso Patuca III y la Operación Apolo solo son dos elementos que permiten visualizar la penetración que de las estructuras del Estado lograron hacer Los Cachiros en proyectos torales: construcción, infraestructura, energía renovable y otros más por salir seguramente.
También refleja la dimensión de la red jurídica con que operaban, donde hasta ahora solo aparece una familia, pero, prevén los investigadores, a medida que avancen saldrán otros que también habrían hecho favores a Los Cachiros, una estructura criminal que por la forma de operar y lo que hasta ahora se conoce, no puso en una sola canasta los huevos del manejo jurídico de sus asuntos.
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Francisco Arturo Mejía.Los informes en poder de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público indican que uno de los abogados que recién se entregó era “un administrador y testaferro de Los Cachiros, a través de un poder general de administración de todos los bienes de la empresa Inrimar y del señor Devis Leonel Rivera Maradiaga”.
“El abogado Francisco Arturo Mejía era quien realizaba todos los trámites legales en lo referente a la constitución de las empresas, compra y venta de bienes inmuebles, tanto de la estructura criminal de Los Cachiros, como de su núcleo familiar”, dice uno de los informes del Ministerio Público emitidos en relación con la Operación Apolo.
Asimismo, le daba poder para que efectuara “toda clase de contratos, convenios y poderes y demás documentos, ya sean privados y públicos para administrar los bienes y negocios corrientes, cobrar rentas, asamblea general, para que efectúe aperturas y cierre de cuentas, que perciba sumas de dinero en efectivo del Estado de Honduras o cualquier otra institución ya sea pública o privada”.
La red criminal de Los Cachiros mantuvo su emporio en Honduras por más de dos décadas en las cuales sobornó a autoridades policiales, militares y políticas, según los testimonios de uno de sus cabecillas, así como de varios personajes extraditados a Estados Unidos. Su emporio apenas se evidencia en las operaciones hechas por el Ministerio Público y ahora en los nuevos nexos revelados por la UFECIC-MACCIH en las otras formas de negocios y contratos obtenidos con el Estado, penetrando una institución estratégica y clave: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
