España deportará a los migrantes irregulares sin protección internacional

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El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Las Palmas de Gran Canaria (España) – España deportará a los migrantes irregulares que no tengan condición de vulnerabilidad ni estén cubiertos por la protección internacional, como parte de las medidas de choque que pondrá en marcha para paliar la crisis migratoria que viven las Islas Canarias ante la llegada masiva de inmigrantes africanos a sus costas.

El plan de choque ideado por el Gobierno español pondrá el énfasis en las repatriaciones y evitará el traslado de los migrantes a la península, mejorando la capacidad de asistencia en las propias islas, según anunció este viernes la ministra española de Política Territorial, Carolina Darias, en las Palmas de Gran Canaria.

El archipiélago, ubicado en el Atlántico a apenas 100 kilómetros de las costas de África, vive la crisis migratoria más grave de los últimos 14 años, la llegada irregular de personas por mar desde el continente africano se multiplica mes a mes, varios cientos de personas son auxiliadas a diario y los servicios de rescate, seguridad, atención sociosanitaria y acogida se ven desbordados.

Con las últimas llegadas, el número de migrantes que han arribado a las islas supera ya los 16.000 desde que comenzó este año y son 1.665 los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno regional de Canarias

Las cifras están aún lejos de los 31.678 que desembarcaron en 2006, pero el año 2020 va a pasar a la historia como el segundo más intenso por ahora en flujos migratorios tras 2007, cuando arribaron 12.478 personas.

Además de hacer hincapié en las deportaciones, el plan del Ejecutivo español prevé medidas policiales, de inteligencia, diplomáticas y de cooperación al desarrollo con países africanos.

También un incremento de la capacidad asistencial y de alojamiento de Canarias para la atención humanitaria de los migrantes que llegan a las islas en pateras y cayucos -nombres con los que son conocidos las embarcaciones precarias en las que viajan-, que suponen el 57 % de los flujos migratorios de este tipo que recibe la Unión Europea, según recalcó hoy el presidente regional canario, el socialista Ángel Torres.

El objetivo es reforzar la capacidad para asistir a los migrantes, especialmente en Gran Canaria, para que el muelle de Arguineguín, donde permanecen unas 2.000 personas, vuelva a tener cuanto antes el uso que siempre tuvo, explicó la ministra.

Hasta el pasado 29 de octubre, el Estado español tenía acogidos en Canarias a 5.748 migrantes, la gran mayoría, 4.500, en complejos turísticos hasta ahora cerrados por la crisis del sector que se han reconvertido temporalmente en albergues humanitarios.

LA VÍA DIPLOMÁTICA Y LA UE

El Gobierno español afianzará también la vía diplomática con los países africanos del entorno. Para ello los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Exteriores, Arancha González Laya, viajarán a Marruecos y Senegal.

Al margen, ante esta situación, el presidente regional de Canarias volvió a pedir hoy la implicación de la Unión Europea , que «debe demostrar con hechos que la inmigración que llega a Canarias, llega a Europa, y no sólo a ocho islas», dijo.

El Gobierno español contribuye económicamente con Marruecos con 200 millones de euros procedentes de los fondos europeos de asilo, migración e integración. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021, actualmente en trámite, incrementarán esta cantidad en 500 millones, hasta elevarlos a 3.100, los fondos para la cooperación al desarrollo, de los que se beneficiarán en buena medida los países africanos de los que proceden los flujos migratorios.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se comprometió la semana pasada en una visita a Canarias a que la UE impulse un «pacto migratorio solidario y responsable» que contribuya a abrir vías migratorias legales y a intensificar la lucha contra las mafias que trafican con personas.

AI ALERTA DE QUE LAS MEDIDAS NO SON SUFICIENTES

El Plan de choque gubernamental fue criticado este viernes por Amnistía Internacional que considera urgente reformar la ley de asilo para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos: «apostar únicamente por el control migratorio no es la solución».

«Muchas personas seguirán huyendo de violaciones de derechos humanos; cerrar unicamente las fronteras lo que hará será ponerles en riesgo eligiendo rutas cada vez mas peligrosas», advirtió Virginia Álvarez, portavoz de la organización.

Además de la reforma de la ley de asilo, Álvarez instó a garantizar la asistencia letrada a todos los inmigrantes que lleguen a las costas españolas y recordó que es fundamental establecer mecanismos para proteger a las personas más vulnerables, como las víctimas de trata o los menores que viajan solos.

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