Análisis de Alberto García Marrder
Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras
Lo que iba a hacer una inaudita regularización de medio millón de inmigrantes indocumentados, se ha convertido en hervidero de propuestas insólitas por la ultraizquierda.
Irene Montero, eurodiputada y Secretaria de Política del partido “Podemos” (ultraizquierda) dijo en un mitin en Zaragoza que se felicitaba por haber patrocinado la medida del Presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Y dio un paso más allá:
“Quiero pedirles a los migrantes que no nos dejen solas con tantos fachas y fascistas y que, si les hemos conseguido papeles, ahora vamos a por la nacionalidad a cambiar las leyes para que puedan votar”, dijo Montero.
Y ahora para temblar: “Y ojalá, una teoría del reemplazo. Ojalá podamos barrer este país de fachas y racistas con gente migrante, de clase trabajadora que tenga como sea el color de la piel”.
Además, el gobierno español está dispuesto a dar la nacionalidad, y el consiguiente derecho al voto a más de dos millones de votos de hijos, nietos o bisnietos de exiliados que salieron del país por la guerra civil española (1936-39). En su mayoría, se exiliaron en Argentina y México.
Según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros, el número de inmigrantes en situación irregular en España era de 840,000 el 1 de enero de 2025 y de ellos, el 91% eran hispanoamericanos.
El Código Civil español establece que se concederá la nacionalidad española, por lo tanto, el derecho de voto, tras 10 años de residencia, que se reducen a cinco para los refugiados y a dos años “cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos.” Como es el caso del 91% de los más de 800,000 migrantes que se van a regularizar ahora.
El proyecto de ley del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez y PODEMOS -que no pasará por el congreso- beneficiará a más de 500,000 inmigrantes que hayan pisado territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan estado en España por lo menos cinco meses y presenten un informe policial limpio. Se cree que podría afectar a unos 800,000.
Sánchez, criticado últimamente por casos de corrupción en su gobierno, insiste que es un acto de generosidad humanitaria y que podría beneficiar a la economía del país.
En otros países cercanos ha causado sorpresa esta medida, en momentos en que, en Alemania, Francia o el Reino Unido toman medidas muy drásticas para frenar la invasión de inmigrantes indocumentados.
En España, hay fuerte presencia marroquí y africana por medio de cayucos en las Islas Canarias. Y de América Sur, vienen venezolanos, colombianos y ecuatorianos.
Pero las críticas a esta amnistía las encabeza Eduardo Indra, director del digital “OKDIARIO” de Madrid:
“La regularización de entre 500,000 y 800,000 inmigrantes ilegales es un pucherazo para aumentar el censo electoral a las bravas. Un ilegal es una persona que ha infringido la ley y a la que hay que meter en un avión y mandarlo de vuelta a su país de origen.”
Los inmigrantes que regularicen su situación laboral tendrán que esperar dos años más para lograr la ciudadanía española y poder votar. Los socialistas, y especialmente Pedro Sánchez, podrían ser los beneficiarios de un “voto de agradecimiento” en un futuro”.
En la actualidad, el inmigrante que recibe dinero acude a una oficina cercana de “Western Union” para comenzar a enviar remesas a sus familiares. Unos 500 euros no será mucho dinero en Madrid, pero son unos 14,500 lempiras para que viva una familia durante un mes. Y Western Union solo cobra seis euros por el servicio.
El porcentaje de inmigrantes en España es creciente, rondando el 18 o 19 por ciento de la población total. Eso equivale a unos nueve millones de personas nacidas en el extranjero. Esta inmigración es clave para el crecimiento demográfico del país, donde la tasa de natalidad es muy baja.
Los extranjeros más numerosos en España, hasta enero de 2024, eran los marroquís (por la proximidad de Marruecos), los rumanos y los colombianos.
La regularización de casi 800,000 inmigrantes indocumentados puede traer consecuencias negativas a los españoles. Pueden subir la tasa de desempleo, escasez de vivienda, colas en los hospitales, mayores cuotas de la seguridad social, supresión de las pensiones, menos atención médica, machismo contra las mujeres y una diversificación escolar.
Y los españoles deberían ver cómo está un país vecino, Francia, invadido por argelinos y marroquís.
Y el principal edificio religioso en París es ahora una mezquita y no una iglesia Católica. ¿Cómo estará España en dos o tres años? Duele pensarlo.
