Madrid – La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asegura que España tramitará las peticiones de asilo de todas las nacionalidades, pese a la implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), porque esta es una «línea roja» para el Gobierno.
El Ejecutivo fija ese límite a ese acuerdo legislativo europeo, cuya implementación en España -con fecha límite de junio de 2026- supondrá una adaptación estructural y normativa, con una nueva ley de asilo y cambios en la de extranjería.
Este pacto fue muy criticado por las entidades sociales y uno de sus aspectos polémicos tiene que ver con la creación de listas de «países seguros» -basados en una baja tasa de reconocimiento de protección internacional-, que puede implicar que las peticiones desde ciertos Estados sean desestimadas automáticamente.
Una forma de proceder en la línea de lo ya adoptado por países como Alemania, Reino Unido, Francia o Austria el pasado diciembre, cuando suspendieron la tramitación de peticiones de sirios tras la caída del régimen de Bachar al Asad, decisión de la que se desmarcó España.
En una entrevista con EFE, preguntada por la aplicación del pacto en España, del que no se conocen apenas detalles, y el posible incremento de retornos de solicitantes de asilo rechazados, Saiz señala que esta cuestión será tratada en el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo de la Unión Europea.
«Lo que sí es una línea roja frente a otros países que parece que plantean el restringir las solicitudes de asilo de protección internacional en virtud de determinadas nacionalidades es que España tramita todas las solicitudes de protección internacional que se reciben», asegura la ministra española.
Saiz añade que «España no va a permitir ninguna norma que atente contra los derechos humanos o contra el ordenamiento jurídico» y defiende la posición «humanitaria» y «antagónica» del Gobierno a otros países europeos que apuestan por ‘externalizar personas’, subraya en referencia al modelo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Un reglamento para «despejar» la vía del asilo
Uno de los retos más críticos de España en materia migratoria es su sistema de asilo: resulta muy difícil pedir una cita para acceder a él y, en el caso de tramitar una solicitud, los peticionarios pueden esperar hasta dos o tres años hasta que se resuelva.
Según la Comisión Española de Ayuda la Refugiado (CEAR), en la actualidad hay 242.000 peticiones pendientes de resolución.
Ante ello, Saiz valora el nuevo reglamento de extranjería, que, entre otros cambios, flexibiliza las vías de regularización a través del arraigo y establece que el tiempo que una persona ha esperado la resolución de asilo no compute para acceder al arraigo con el que conseguir los papeles.
«Tenemos que dejar la vía del asilo absolutamente disponible para esas personas de especial vulnerabilidad, clarificando competencias, ampliando los supuestos, abriendo puertas que se encontraban cerradas», explica Saiz.
Esta última medida sobre la incompatibilidad de los dos procesos ha llevado a cinco entidades -entre ellas la ONG católica Cáritas y CEAR- a recurrir en el Tribunal Supremo este aspecto del reglamento por el riesgo de que los solicitantes rechazados caigan en la irregularidad y tengan que permanecer así dos años hasta poder optar al arraigo.
Sobre para qué personas es necesario «despejar» la vía del asilo, la ministra no da detalles, pero sugiere que «no es lo mismo una migración con lazos familiares en un país o lazos culturales, que personas que huyen porque su vida está en peligro por persecución».
Sobre los solicitantes rechazados, insiste en la importancia de despejar la vía del asilo para los «especialmente vulnerables», aunque deja la puerta abierta a seguir trabajando hasta la entada en vigor del reglamento, el 20 de mayo. EFE
