Los Ángeles (EE.UU.) – Una coalición de 16 estados liderados por republicanos demandó este viernes al Gobierno del presidente Joe Biden para detener el nuevo plan de regularización que se prevé beneficiará a cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, dijo hoy en un comunicado que han solicitado a una corte federal que detenga la implementación de la norma argumentando que viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.
El programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias) que abrió sus inscripciones el lunes pasado, se apoya en el llamado ‘Parole in place’, que otorga un permiso temporal para permanecer en EE.UU., ofreciendo protección frente a la deportación.
El plan de regularización también otorga a los indocumentados la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EE.UU. por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.
El programa exige que el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado.
La Administración Biden estimó que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros serán elegibles para el programa.
Desde que fue anunciado en junio pasado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.
La organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, el ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), se unió a los conservadores en la demanda, que nombra específicamente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), su secretario, Alejandro Mayorkas, y a otros funcionarios de la Casa Blanca.
En el comunicado de prensa, Paxton asegura que la nueva norma permitiría amparar a 1,3 millones de indocumentados, 200.000 que vivirían en Texas, cifras que han sido rebatidas por las organizaciones comunitarias.
La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), que agrupa a más de 75 organizaciones de derechos de inmigrantes en 42 estados, estima que el plan beneficiaría a unas 450.000 personas, 100.000 menos de las que proyecta el Gobierno.
«La nueva solución de Biden otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no investigados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes», dijo Paxton, sin tener en cuenta que la norma excluye a los indocumentados que fueron deportados con anterioridad o tienen récord criminal.
Miller, presidente de America First Legal, dijo que utilizará «todas las herramientas legales para detener» la implementación de la norma.
Los estados de Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming hacen parte de los demandantes.
Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración, entre ellas una que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que favorece a miles de jóvenes «soñadores» desde 2012.
