Los Ángeles – El sueño de Anabella Bastida y sus seis compañeros de universidad de obtener un título en Leyes en Estados Unidos se ha convertido en una pesadilla a raíz de las recomendaciones de la Barra de Abogados de California, que amenaza con cerrar la institución donde estudian si sus indicaciones no se cumplen.
“Toda esta situación es injusta y frustrante. Estoy en mi último año y tengo planeado graduarme en mayo de 2024, pero puede ser que esto no suceda”, contó Bastida a EFE.
La inmigrante, que llegó de México hace 30 años, estudia en el People’s College of Law (PCL), una escuela de leyes sin ánimo de lucro no acreditada de Los Ángeles que permite a estudiantes de bajos recursos cursar estudios con matrículas reducidas.
La institución ha enfrentado una serie de retos para poder mantenerse en pie con los cerca de 5.000 dólares que cobra a los estudiantes por año.
La pandemia de covid-19 y un incendio en su sede agravaron los obstáculos para cumplir con las condiciones de la Barra de Abogados de California, que supervisa las facultades de derecho en el estado y tiene la última palabra.
Rick Coca, vocero de la Barra, explicó a EFE que PCL tiene “un largo historial de incumplimiento”. Hace dos años se le hicieron una serie de recomendaciones y el año pasado la institución fue puesta en periodo de prueba, bajo amenaza de ser cerrada si no se cumplen las recomendaciones, impidiéndosele recibir más alumnos.
El 14 de diciembre el Comité de Examinadores de la Barra escuchó el caso de la institución y los siete estudiantes que actualmente asisten a sus clases.
Antes de la reunión, los estudiantes y activistas llegaron a protestar y pedir que se les permitiera continuar con sus estudios en PCL. Según los manifestantes el comité tomaría ese día la decisión de cerrar la institución y dejar en el limbo a los alumnos, dos de ellos cursando el último año.
Entre los manifestantes estaba Ángela Sanbrano, reconocida activista de Los Ángeles, exdirectora del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), excodirectora de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y exalumna de PCL, fundado en 1974 por el Gremio Nacional de Abogados.
“PCL ha sido por casi 50 años un esfuerzo para que la gente de nuestra comunidad aprenda a defenderse. No se puede tirar a la basura todo este esfuerzo y cerrarla así no más”, dijo Sanbrano a EFE.
Un enfoque diferente
PCL ha tenido un enfoque diferente a otras facultades de derecho, consistente en formar abogados que amplíen el acceso a servicios legales de calidad a bajo costo o sin costo para los residentes de bajos ingresos de Los Ángeles, explicó la activista.
La mayoría de los graduados de PCL trabajan para organizaciones comunitarias que brindan esos servicios legales en inmigración, reclamos menores y tribunales penales. Allí nació una de las organizaciones de defensa de inquilinos más grandes de Los Ángeles.
“También forma líderes que han luchado por nuestros intereses”, añadió Sanbrano, graduada en 1982.
Entre los graduados y asistentes a PCL se encuentran la senadora estatal y exlíder sindical María Elena Durazo; el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, primer latino en llegar a esa posición; el exdirector ejecutivo del Centro Laboral de La Universidad de California-Los Ángeles (UCLA) Kent Wong, y la jueza jubilada del Tribunal Superior de Los Ángeles Teresa Sánchez Gordon.
“A mí me gusta mucho ese enfoque, que sienta que estoy aprendiendo leyes para ayudar a mi gente”, resaltó Bastida, directora del Departamento de Membresía de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Siente que sus profesores, que trabajan sin cobrar, tienen el mismo espíritu de ayuda que la mueve a ella.
“En mis clases solo somos dos estudiantes. Tengo un profesor que decidió llevarnos todas las clases a la corte para asistirlo y ver cómo son las cosas en la práctica. Esa experiencia no tiene precio”, argumentó.
Bastida no se arrepiente de haberse embarcado en este sueño en 2017, cuando tenía 44 años, dos hijos y un trabajo de tiempo completo. “PCL era la única escuela que entendía mis necesidades y me dio la oportunidad”, expuso.
“Tampoco tenía los cerca de 70.000 dólares al año que cobran las universidades a tiempo completo”, añadió.
La carrera de derecho en PCL es de cuatro años, como exige la ley a todas las escuelas no acreditadas, y en su primer año los estudiantes deben aprobar un examen para seguir con sus estudios. Bastida falló en su primer intento. “La carrera me va a tomar siete años, pero no importa: ser abogada es mi meta”, sostuvo.
Tanto Sanbrano como Bastida hicieron un llamado a la Barra de Abogados de California para que ayude a PCL a mantenerse y permitir que sus siete estudiantes concluyan sus estudios allí.
“Estoy segura de que con ayuda PCL puede superar sus problemas. Esta escuela de leyes es de la comunidad de Los Ángeles y no deberíamos dejar que nos la quiten”, puntualizó Bastida.
