San Salvador – La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) pidió este sábado al Gobierno y al Congreso que retomen las propuestas presentadas por las organizaciones sociales para proteger a los defensores de derechos humanos.
«Vemos con preocupación la falta de legislación y de políticas públicas orientadas al reconocimiento, protección y promoción de la labor de las personas defensoras», señaló la Fespad en un comunicado.
Añadió que «la defensa de los derechos humanos se realiza en un ambiente hostil, donde median amenazas persecuciones, difamación y criminalización».
Fespad exigió al Ejecutivo de Nayib Bukele, que asumió el poder el 1 de junio pasado, «implementar una política integral de protección a personas defensoras» para garantizar el un «tratamiento adecuado en los casos de violaciones a derechos humanos» de los activistas.
De igual forma, llamó al órgano Legislativo a retomar el estudio de una propuesta de ley de protección de defensores, presentada en septiembre de 2018.
También pidió al nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, que «brinde el apoyo necesario» para la «búsqueda del reconocimiento y garantía» del trabajo de los defensores.
«Honramos la memoria de quienes perdieron la vida en la defensa de los derechos humanos», concluye el comunicado.
Entre los defensores de derechos humanos asesinados en El Salvador se encuentran cuatro ambientalistas que se oponían principalmente a proyectos de explotación minera.
En abril de 2018, las organizaciones denunciaron públicamente la «criminalización» de su trabajo de defensa de los derechos humanos por instancias estatales, incluidas las autoridades de seguridad.
«La labor que realizamos inmediatamente se relaciona como de protección a victimarios» y «esa visión es desde las mismas instancias del Estado», dijo en una conferencia de prensa la activista Loyda Robles.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, respectivamente.
La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias.
