Miami – La reciente decisión de un juez de inmigración de Miami podría abrir la puerta hacia la residencia legal a miles de indocumentados que obtuvieron una «libertad bajo palabra» tras entrar al país de forma irregular, así como a los cubanos que vieron cancelada la política de «pies mojados/pies secos».
Según abogados de inmigración consultados por Efe, el escrito del pasado 4 de enero del magistrado Timothy Cole ofrece una vía para la regularización de miles de indocumentados que, tras ser aprehendidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), salieron de un centro de detención con una «salida bajo palabra», que es un documento provisional.
Lo anterior aplica por ende para todos aquellos que afrontan la amenaza de un proceso de deportación pero fueron liberados y lograron entrar a Estados Unidos sin tener que pagar una fianza, como explicó a Efe la abogada de inmigración Claudia Cañizares.
Aunque el alcance nacional de la decisión del juez está sujeta aún a lo que diga la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés), Cañizares sugiere que los que puedan estar sujetos a la aplicación de esta decisión inicien desde ya su aplicación a la residencia permanente, o «green card».
EL CASO DE LOS CUBANOS
La decisión del magistrado es en respuesta al pedido de un grupo de inmigrantes cubanos, casados con ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, que pedían la residencia permanente pero que tenían el problema de una entrada ilegal al país.
A partir de 2017, el Gobierno dejó sin efecto la política de «pies mojados/pies secos», mediante la cual los cubanos que tocaban territorio estadounidense al año y un día de permanecer en el país eran favorecidos con la Ley de Ajuste Cubano y podían quedarse, incluso obtener residencia permanente.
A su llegada a Estados Unidos, los cubanos eran puestos en libertad desde un puerto de entrada migratorio por medio del formulario I-94, conocido como «parole card», todo lo cual dejó de tener vigor a partir de enero de 2017.
Cole señala ahora que aunque estos inmigrantes no recibieran una tarjeta física de libertad condicional prevalece el trasfondo de la misma, que les abre la puerta a la residencia permanente aún a pesar de la entrada ilegal.
El abogado de inmigración Mario Cano dijo a Efe que aunque el fallo de juez se refiere a los cubanos que hicieron la petición es aplicable a otros inmigrantes que hayan recibido el «parole» o «ingreso bajo palabra».
«Es válido para personas de otras nacionalidades en igual situación, aunque lo del año y el día no valdría en caso de quien no sea de Cuba», precisó Cano.
El abogado calificó al magistrado como un juez muy respetado, de mucha experiencia y una mente abierta, que considera todos los puntos de cada caso, «tanto legales como humanos».
Cañizares estima que la BIA, compuesta por jueves «muy estrictos», podría emitir una decisión final sobre esta cuestión en un periodo de entre seis meses y un año.
LA ADMINISTRACIÓN DE JOE BIDEN
Sobre las posibilidades de que prospere el fallo, Cano destaca que la administración de Joe Biden empezará sus funciones con un fiscal General, Merrick Garland, que es un juez de mucha experiencia y llegado el caso puede evitar que sea la Junta de Apelaciones de Inmigración la que decida.
Cano señaló que dado que quien apela es el Gobierno a través de la Fiscalía, el fiscal general puede intervenir y hacer innecesario que se pronuncie la junta, que tiene jurisdicción nacional.
«Los abogados de inmigración estamos a la espera de los cambios que puede introducir el nuevo gobierno», señaló Cano, tras destacar la elección del cubano Alejandro Mayorkas para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la Administración entrante.
El abogado resaltó que en los últimos cuatro años, durante el mandato del republicano Donald Trump, se trató de frenar la inmigración legal con una serie de requisitos «más duros y francamente sin sentido», que dificultaron la labor de sus colegas.
De la misma opinión es el abogado de inmigración Héctor Benítez Cañas, quien estima que Biden puede fijar el límite anual de admisiones de refugiados a 125.000, e incluso aumentarlo por temporadas, lo que es una gran diferencia con la cuota máxima de 15.000 por año fijada por la actual administración.
El experto vaticina además el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), así como su extensión a Venezuela por medio de una orden ejecutiva.
