Tegucigalpa/McAllen – La familia del hondureño Marco Antonio Muñoz demandó al gobierno federal de Estados Unidos y al condado de Starr del sur del estado de Texas, ya que el connacional se suicidó el año pasado tras ser separado de su hijo por oficiales de migración cuando ingresaron a suelo norteamericano.
La acción judicial fue presentada el lunes en una corte por el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el bufete de abogados Escamilla, en representación de la esposa e hijos de Muñoz, por lo que llaman una “muerte injusta” del migrante hondureño, tras ser separado de su hijo a causa de de la aplicación de la política de tolerancia cero que impulsa el gobierno federal estadounidense.
El Proyecto, que hizo el anuncio de la demanda en su portal web, recordó que Muñoz llegó a Estados Unidos a mediados de mayo de 2018, con su esposa y su hijo de 3 años, huyendo de la violencia.
Los mismos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes según informes “utilizaron la fuerza física para sacar al niño de sus brazos”, indicó el Proyecto en su comunicado anunciando la demanda.
También señalaron que los agentes fronterizos transfirieron al inmigrante hondureño a la cárcel del condado Starr en la ciudad de Río Grande, donde al día siguiente fue encontrado muerto, tras suicidarse Muñoz al no soportar la separación de su menor hijo.
La demanda señala que los agentes impusieron en forma “innecesaria violencia mental y emocional” a Muñoz por parte del gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, se indica en el comunicado que la “separación familiar y su inminente enjuiciamiento causaron angustia y trauma extraordinaria”.
Tras ser transferido a la cárcel del condado Starr en Río Grande, el personal carcelario no le proporcionó un espacio adecuando y el control dado su estado mental, tal como exige la ley.
“Ha transcurrido un año completo desde que el mundo vio los horrores de la separación familiar y los enjuiciamientos masivos en la frontera”, señala el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, quien destaca que los efectos de dicha política violenta se estamparán para siempre en la vida de las familias y las personas, dijo Efrén Olivares, director jurídico de Justicia Racial y Económica del Proyecto.
“Desafortunadamente el señor Muñoz perdió la vida debido a estas políticas, pero hoy comenzamos el largo proceso de buscar justicia para su familia. No descansaremos hasta que el gobierno federal termine la política de tolerancia cero de una vez por todas y todos los responsables de su muerte serán responsables de sus acciones”, señala el comunicado.
Por su lado el asesor adjunto del bufete de abogados Escamilla, John Escamilla, dijo que “Estados Unidos siempre ha sido un faro de esperanza e inspiración para las personas que buscan derechos humanos básicos, y nunca podemos hacer la vista gorda cuando esos derechos son pisoteados tal cruelmente por nuestros propios funcionarios gubernamentales y centros de detención”.
Se destaca que la muerte del migrante hondureño es un trauma extremo y la angustia mental que su esposa e hijos, así como otras miles de familias, continúan enfrentando como resultado de las violentas políticas fronterizas y de inmigración del gobierno.
También piden que el gobierno federal les otorgue la atención psicológica a los familiares de Muñoz.
