Familia latina de Utah presenta demanda por «redada violenta e ilegal»

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Agentes de la oficina de inmigración y aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU realizaron el jueves 31 de mayo, un operativo en busca de inmigrantes indocumentados en un hotel de El Paso, Texas (EEUU). EFE/Hicmar Falcón/Archivo

Denver (CO) – La filial en Utah de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó este miércoles en una corte federal en Salt Lake City una demanda contra autoridades estatales, indicando que agentes del Servicio Penitenciario local golpearon y esposaron a una familia latina durante un operativo que no estaban autorizados a realizar.

La demanda (un documento de 62 páginas) afirma que agentes de la División de Adultos en Libertad Condicional de Utah (APP, por sus siglas en inglés) excedieron sus deberes y violaron los derechos constitucionales de la familia Yañez, residente en Salt Lake City, durante una «redada violenta e ilegal» el 20 de agosto de 2018 en la vivienda familiar.

En ese momento, agentes de la APP estaban buscando a un criminal que no estaba con los Yañez (padre, madre y tres hijos) ni residía allí.

Según la información proporcionada por la ACLU, «decenas de agentes» fuertemente armados llegaron al domicilio de los Yañez (ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales) a la hora de la cena y, sin una orden judicial, ingresaron por la fuerza, golpeando a la madre (María), usando una pistola eléctrica contra el padre (Munir) y esposando a los hijos.

«Estos violentos actos contra la familia Yañez en su propio hogar violan la protección que otorga la Constitución. Ninguna otra familia en Utah debería ser sujeta a esta clase de tácticas excesivas», dijo John Mejía, director de asuntos legales de ACLU Utah, al anunciar la demanda.

Los uniformados buscaban al hijo mayor de la familia, quien desde 2017 ya no tenía contacto con sus padres. Las acciones de los agentes, dice la demanda, resultan inconstitucionales en el marco de la Cuarta Enmienda, que protege ante esa clase de acciones contra personas que no son buscadas, acusadas o sospechosas de delitos.

Según Mejía, la «pesadilla» que la familia enfrentó ha dejado secuelas psicológicas y emocionales en los Yañez, quienes además de tener que reconstruir su vivienda por los daños causados por los agentes perdieron 7.000 dólares (confiscados por los uniformados) que pensaban usar para la fiesta de los 15 años de su hija.

Además, en un video hecho público por la ACLU, se escucha a los agentes afirmar que «mañana ya van a estar de vuelta en México» y que «no se necesita una orden judicial para entrar en la casa de los latinos».

La demanda nombra a cada uno de los agentes que participaron en el operativo, al director del equipo de aprehensión de fugitivos de la APP, y al director ejecutivo del Departamento Penitenciario de Utah, acusándolos de participar activamente o como cómplices de uso excesivo de fuerza y de operativos ilegales.

Los Yañez piden que las agencias estatales correspondientes modifiquen sus reglamentos para evitar que se repitan incidentes como el que ellos vivieron.

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