Ciudad de México – El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) denunció este martes, en el marco del sexto aniversario de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el “desmantelamiento” de los organismos de búsqueda que está llevando a cabo el Gobierno mexicano.
A través de un comunicado, la asociación describió el momento actual como “crítico” y advirtió que “el Gobierno federal está desmantelando las estructuras” creadas para “enfrentar esta crisis”
En su opinión, el Ejecutivo encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está “desgarrando el tejido social” y sembrando una “sensación de desdén hacia las víctimas” con medidas como el cambio en el censo de personas desaparecidas o la reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
A mediados de diciembre, el Gobierno notificó que había 12.377 personas desaparecidas según su nuevo censo y no 111.000, cifra incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) y que el presidente mexicano había tachado de “manipulado”.
Tras la controversia, la titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes, rectificó poco después para al afirmar que aún están buscando a 92.000 personas desaparecidas, pero insistió en que tiene “diferentes niveles de aproximación”.
“El ‘censo’ es un claro intento de debilitar al Rnpdno “, sostuvo el comunicado, que vinculó este cambio al “contexto electoral” que vive México este 2024.
También acusó a la Administración de López Obrador de “una falta de preparación y visión para el futuro” al despedir a una parte “significativa” de la plantilla de la CNB, una decisión ejecutada tras la renuncia en agosto de la anterior comisionada, Karla Quintana, en medio de presuntas presiones gubernamentales para modificar el registro y bajar las cifras.
Así, el MNDM reprochó a la Administración “regresar a debates ya superados”, lo que supone una “revictimización y desvalorización” de los esfuerzos de las familias de las personas desaparecidas.
Ante esta situación, la asociación exigió a los distintos gobiernos que hagan “partícipes” de las tareas de búsqueda, localización e identificación de desaparecidos a las familias, con quien se debe dialogar a partir de un trato “digno y justo”.
