Washington – Varias familias separadas en la frontera con México el año pasado demandaron hoy al Gobierno del presidente, Donald Trump, por el trauma causado a raíz de la aplicación de la política de «tolerancia cero» en el linde sur del país.
«Estamos presentando reclamos individuales bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en sus siglas en inglés) en nombre de seis familias separadas», dijo a Efe la portavoz del Consejo Estadounidense de Inmigración, Maria Frausto.
Entre las familias que forman parte de la demanda se encuentra la guatemalteca Elena, una mujer de 35 años que fue separada de su hijo de 12 años en marzo de 2018, tras cruzar la frontera en el estado de Arizona.
De acuerdo a la reclamación judicial, Elena y su hijo Luis tuvieron que abandonar Guatemala después de que una banda callejera amenazara a ambos de muerte si el menor no se unía al grupo.
Elena y Luis pasaron dos días con veinte personas más en una «hielera», habitación con temperaturas muy bajas en las que la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) mantiene detenidos a los inmigrantes que acaba de arrestar.
Ambos denunciaron que solo recibieron una sopa fría para comer y que no había camas donde dormir.
Al segundo día, las autoridades sacaron a Luis de la «hielera» y lo llevaron a un centro de detención en Nueva York, a más de 4.000 kilómetros de distancia de su madre.
Según su relato, Elena y Luis estuvieron separados durante 77 días.
La también guatemalteca Leticia, de 25 años, fue separada en mayo del año pasado de su hija de cinco años en la frontera entre Arizona y México.
La querella relata cómo los agentes fronterizos sacaron a la niña de los brazos de su madre y se la llevaron.
Tras varios cambios de ubicación de ambas, Leticia y su hija fueron reunidas cuatro meses después en un centro de Texas.
Los casos de las familias de Elena y Leticia son dos de los seis que denunció hoy el Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes en el país.
La medida conocida como «tolerancia cero», que el Gobierno de Trump comenzó a implementar en mayo, envió a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El plan supuso entonces la separación de casi 3.000 familias, de acuerdo a datos oficiales.
