Un grupo de migrantes llega para solicitar la visa humanitaria a la oficina fronteriza estadounidense de El Chaparral, en la frontera de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, con Estados Unidos. EFE/Alonso Rochin/Archivo

Los Ángeles – Las familias que llegan a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo aún están siendo separadas por las autoridades de inmigración, advirtieron defensores de los migrantes que este martes pidieron al Gobierno del presidente Joe Biden terminar con esa práctica.

En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego y la organización Jewish Family Service (JFS) denuncian ciertas prácticas de separación que están sucediendo en la frontera bajo el actual Gobierno.

Aunque los activistas reconocen el trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para revertir “las políticas fronterizas dañinas” de la Administración de Donald Trump (2017-2021) y reconstruir el proceso de asilo en la frontera sur, advierten que aún existen casos de separaciones de familias solicitantes de asilo y piden ponerles fin.

La carta detalla historias de separaciones realizadas entre enero y mayo de este años bajo el Título 42, una política que permite expulsar a los migrantes por razones sanitarias. Los activistas documentaron al menos 19 casos de familias que fueron separadas en la frontera, según asegura la misiva.

Monika Langarica, abogada de derechos de inmigrantes de ACLU, sostuvco que ya es hora de que “el DHS ponga fin a las políticas atroces que permiten las separaciones, incluidas las expulsiones del Título 42, y adopte prácticas humanas que acojan a las personas con dignidad”.

La misiva cita varios ejemplos, como el de una familia brasileña compuesta por la madre, el padre, una hija de 18 años con necesidades especiales y un hijo de 6 años, que ingresaron cerca de Yuma, Arizona, en marzo pasado.

La familia fue detenida por la Patrulla Fronteriza. La joven, que había cumplido 18 años dos semanas antes de su entrada, fue separada de sus padres y enviada un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) , donde permanece detenida. Mientras, los padres fueron liberados en San Diego junto el menor de 6 años.

En otro caso una pareja haitiana fue separada por los agentes fronterizos, que expulsaron al esposo a México mientras la mujer, que tenía ocho meses de embarazo, pudo ingresar a Estados Unidos.

ACLU y JFS se quejan de la incoherencia entre las decisiones de la Patrulla Fronteriza sobre el lugar al que se envía las familias y la aplicación del Título 42.

En otro caso una familia hondureña compuesta por una abuela, su hija con problemas de salud y deficiencias cognitivas, y su nieta de 7 años fue separada por agentes fronterizos. La abuela fue liberada en Estados Unidos mientras que su hija y su nieta fueron expulsadas a México.

Los activistas explicaron que en México los funcionarios le quitaron a la mujer la custodia de la niña debido a su estado de salud.

Kate Clark, directora sénior de servicios de inmigración de JFS, dijo en un comunicado que “las unidades familiares vienen en todas las formas y tamaños, y nuestras políticas fronterizas deben reflejar eso”.