Manila – Las autoridades filipinas deportarán a alrededor de 40.000 ciudadanos chinos que trabajan en casinos virtuales enfocados al mercado del gigante asiático, según confirmó este martes a Efe el portavoz del Ministerio de Justicia, Mico Clavano.
Las deportaciones se producirán tras el cierre de 175 casinos virtuales cuyas licencias han sido revocadas u operaban ilegalmente en Filipinas, donde una reciente ola de secuestros y delitos vinculados a sus actividades han alarmado al Gobierno y a la opinión pública en las últimas semanas.
«Las cifra de 40.000 ciudadanos chinos es solo una estimación, ya que pensamos que en cada casino pueden trabajar ilegalmente de 200 a 250 empleados», matizó Clavano en declaraciones a EFE.
Estas entidades, conocidas como POGO (Philippine Offshore Gaming Operators), son legales en el archipiélago desde la llegada al poder en 2016 del expresidente Rodrigo Duterte y permiten al público chino jugar de manera virtual al póker o a la ruleta, una actividad ilegal en China.
Clavano explica que el motivo por el cual se clausuran estos 175 casinos virtuales ilegales son la «falta de ingresos» que estos aportaban al fisco filipino y los episodios violentos asociados a sus actividades que han aparecido recientemente en las redes sociales.
En uno de estos vídeos se podía ver cómo dos grupos de ciudadanos chinos peleaban con armas de fuego y navajas en Parañaque, al sur de Manila, donde dos de los involucrados murieron tras la refriega.
«No solo no aportan ingresos, si no que además hacen que prolifere la violencia», declaró Clavano.
El pasado 15 de septiembre 43 ciudadanos chinos que trabajaban en un casino virtual en la ciudad de Ángeles, en el norte del país, fueron rescatados por la policía después de que se denunciara que estaban secuestrados o bajo explotación laboral por sus empleadores.
Desde enero a septiembre de 2022, 15 de los 27 casos de secuestros en Filipinas están relacionados con los POGO, según datos de la policía filipina recabados por el diario Inquirer.
Por otro lado, Clavano ha querido desmentir la información que ha aparecido en varios medios este martes, donde se pronosticaba que la deportación de los 40.000 chinos podría afectar al precio de los alquileres de apartamentos en varias zonas concurridas de Metro Manila.
«La salida de estos trabajadores no afectará al precio de los alquileres tan drásticamente», ya que la mayoría de estos empleados no vivían en las zonas gentrificadas, declaró Clavano, quien añade, además, que un posible cierre total de las actividades de los POGO sería coordinada con las autoridades para evitar una crisis inmobiliaria.
Las autoridades filipinas, que ya abrieron en 2020 una comisión en el senado para investigar las actividades ilícitas relacionadas con los POGO, calibran ahora si cerrarlos definitivamente.
La senadora Imee Marcos, hermana del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, desveló la semana pasada que el actual mandatario se muestra en principio «favorable» al cierre total.
Según los datos oficiales, las 34 empresas de casinos virtuales que operan en el país aportaron a la economía filipina unos 3,9 mil millones de pesos filipinos en 2021 (unos 67,900 millones de euros).
