Los Ángeles – Algunas propuestas que serán votadas el 3 de noviembre en California y que podrían favorecer a los latinos enfrentan un futuro incierto, comenzando con la Propuesta 16, que restablecería las cuotas étnicas para el ingreso a las universidades estatales y el empleo público.
También navegan en aguas turbulentas la Propuesta 21, que establecería un control al aumento de los arrendamientos de vivienda, y la 22, que mantendría la independencia de algunos trabajos como contratista agregando beneficios básicos.
Para Michele Siqueiros, presidenta de la Campaña para la Oportunidad Universitaria y promotora de la Propuesta 16, esta medida que busca revocar la Propuesta 209 que canceló las cuotas étnicas en 1996 ofrece una importante oportunidad para los latinos.
“El 54 % de los estudiantes de último año de las escuelas públicas son latinos, pero los latinos solo representan el 25 % de los estudiantes de pregrado de la Universidad de California. Necesitamos eliminar la prohibición de la acción afirmativa para asegurar que cada estudiante tenga una oportunidad justa para el éxito”, señaló a Efe Siqueiros.
Opositores a la Propuesta 16, como David Lehrer, presidente de Defensores Comunitarios, una organización californiana que promueve el acercamiento entre las personas de diferentes razas, argumentan que sin el beneficio de las cuotas las minorías han logrado importantes avances de representación.
“Contrario a lo que reclaman quienes apoyan la Propuesta 16, los nueve campus de la Universidad de California no son menos diversos ahora que cuando se adoptó la Propuesta 209”, argumentó en declaraciones a Efe.
Al confrontar las cifras para los estudiantes latinos, Lehrer destacó que en 1994 la proporción de estudiantes latinos del sistema de la Universidad de California era de 14,7 %, en comparación con el 36 % de 2020.
Según reportó esta semana una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales (IGS) de la Universidad de California en Berkeley, solo 38 % de los votantes californianos respaldan la Propuesta 16 mientras 49 % se oponen a esta medida. Incluso entre los mismos votantes latinos el apoyo a esa iniciativa que busca restablecer la llamada Acción Afirmativa es de 40 %, mientras el 42 % están en contra.
CONSENSO SOBRE COSTO DE VIVIENDA
En lo que los californianos sí están de acuerdo es que el muy alto costo de la vivienda -tanto para compra como para arrendamiento- es un grave problema para las personas de ingresos medios y bajos.
La Propuesta 21 busca establecer un mayor control local a los arrendamientos por parte de las ciudades reduciendo el límite estatal vigente de 5 % más inflación para vivienda multifamiliar (apartamentos) construida hace más de 15 años. La reglamentación actual exime de ese límite a la mayoría de las casas para vivienda familiar y a los denominados “condominios” o conjuntos residenciales cerrados.
“La mitad de los inquilinos en todo el estado, más de tres millones de hogares, gastan más del 30 % de sus ingresos en alquiler”, reclama la campaña “Sí a la 21”, que promueve la iniciativa.
Según los promotores de la propuesta, los altos arrendamientos no solamente afectan desproporcionadamente “a los hogares de bajos ingresos, a las personas de color, a las personas mayores y a las familias con niños”, sino que tienen un efecto dominó que perjudica también a la clase media.
Opositores de la medida aseguran que una mayor restricción al aumento de los arrendamientos reduciría la inversión en propiedades de vivienda, especialmente en aquellas que se ofrecen en arriendo a personas de ingresos medios y bajos. La propuesta “es mala para los dueños de vivienda y para los arrendatarios: reduciría nuestra disponibilidad de viviendas y haría la crisis de vivienda en California aún peor”, afirma la Coalición «No a 21».
Dos años atrás los votantes del estado rechazaron una propuesta similar con 41 % de votos en favor y 59 % en contra. En lo que parece ser una vía similar este año, solo 37 % de los votantes encuestados por IGS apoyan la medida mientras 48 % están en contra. Entre los latinos, 46 % apoyan la iniciativa y 36 % están en contra.
Otro tema candente en el estado mide el pulso entre quienes buscan que todos los conductores de los servicios de transporte por aplicación telefónica como Uber, Lyft y DoorDash sean empleados con todos los beneficios de ley, y aquellos que desean mantener la independencia de estos conductores como contratistas.
La Propuesta 22, autoriza a los conductores a desempeñarse como contratistas independientes -con algunos beneficios como subsidios para servicios de salud- y rechaza directamente la ley AB5, aprobada en 2019 por la legislatura estatal, que obliga a las empresas a contratarlos como empleados.
La iniciativa enfrenta a las empresas que ofrecen este moderno servicio de transporte con los principales sindicatos de servicios de California e importantes figuras políticas y legislativa, como el fiscal Xavier Becerra y la asambleísta Lorena González.
El 46 % de los votantes californianos apoyan la Propuesta 22 mientras 42 % la rechazan. Los latinos están igualmente divididos con 43 % en favor y 44 % en contra.
Así, para los calculados 21,2 millones de votantes registrados en septiembre por la Secretaría de California, 21 % de ellos latinos según el Instituto de Política Pública, la votación del 3 de noviembre puede tener una repercusión importante en sus oportunidades y su calidad de vida.
