Washington – El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo para defender una controvertida norma que restringe el acceso al asilo en la frontera sur, señaló un funcionario de alto rango en una entrevista con EFE.
La legalidad de esta regla, que entró en vigor el pasado mayo, está siendo cuestionada ante un juez en California, quien anteriormente falló en contra de restricciones similares impuestas por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2019-2021).
«Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario», aseguró a EFE Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El juez Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, ya adelantó que decidirá esta semana si deroga o no la norma, que califica como «no aptos» para solicitar asilo a quienes crucen de manera irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE.UU.
La demanda ante el magistrado Tigar fue presentada por varios grupos en defensa de los migrantes, entre ellos ACLU, los cuales argumentan que la norma va en contra de las leyes estadounidenses y pone en riesgo la vida de quienes desean pedir asilo.
Nuñez-Neto defendió la decisión de su Gobierno de imponer las restricciones.
«Tenemos un compromiso para lidiar contra el reto que hay en la frontera dentro de nuestras autoridades legales», subrayó el funcionario.
Esta controvertida regla reemplazó el llamado Título 42, una normativa sanitaria, heredera del gobierno del expresidente Trump que permitía las devoluciones en caliente en la frontera con México.
Desde que las restricciones al asilo entraron en vigor, el número de detenciones de migrantes en la frontera se ha ido reduciendo paulatinamente.
En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99.545 migrantes arrestados por las autoridades, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
CENTROS PARA MOVILIDAD HUMANA, EN UNA PAUSA «PROGRAMADA»
El Gobierno ha achacado esta reducción en el número de cruces irregulares a la imposición de estas nuevas medidas, junto con la expansión de «vías legales» para migrar hacia EE.UU.
Entre ellas está la creación de unos centros para procesar casos migratorios en Colombia, Guatemala y Costa Rica, anunciada el pasado mes de abril.
No obstante, su funcionamiento aún no es claro, ya que las solicitudes de citas para estos centros a través de una página web están cerradas «temporalmente» y no se han dado más detalles sobre cuándo empezarán a operar de nuevo.
Nuñez-Neto señaló a EFE que la pausa en esta iniciativa fue «programada» y obedece a un proceso estándar a la hora de lanzar un nuevo programa, que incluye evaluar inicialmente «un número limitado» de casos.
El funcionario aseguró además que durante el periodo de tiempo que las solicitudes de cita estuvieron disponibles, los centros -operados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)- recibieron aplicaciones que ya están siendo tramitadas por EE.UU.
«Aunque el sitio web no está recibiendo casos nuevos por esta causa temporal, sí estamos entrevistando a las personas que han sido referidas por las entidades internacionales», subrayó Nuñez-Neto.
Otra de las «vías legales» que han sido promocionadas por el Gobierno en su estrategia por reducir la migración irregular es un permiso humanitario por dos años para las personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Bajo este permiso han entrado al país más de 158.000 personas desde octubre del año pasado, señaló Nuñez-Neto, quien destacó que el programa ha tenido una demanda «realmente fuerte».
En concreto, destacó el funcionario, 50.000 haitianos, 50.000 venezolanos, 35.800 cubanos y 23.000 nicaragüenses han entrado a EE.UU. con este «parole», como se llama en inglés, que les concede un permiso de trabajo por 2 años.
