Ciudad de Panamá – El número de migrantes que fallecieron ahogados por una crecida de un río en una zona del Caribe de Panamá se mantiene en 10, de acuerdo con los últimos detalles divulgados este jueves sobre un suceso que ocurrió hace días, y sin que se hayan podido recuperar todavía los cuerpos, supuestamente enterrados.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, había informado en un principio en su rueda de prensa semanal esta mañana que «el número es 16» de migrantes fallecidos, aunque más tarde fuentes de Presidencia aclararon a EFE que la cifra de muertos se mantiene en «10», como se había adelantado el miércoles.
Esos cuerpos, sin embargo, aún no han sido recuperados.
«Alguien o un grupo del área procedieron a enterrar sin dar parte a nadie para tapar el problema, cosa que no se logró tapar», dijo Mulino.
Las fuerzas de seguridad panameñas habían adelantado ayer que 10 migrantes «fallecieron ahogados» hace días en esa una zona del Caribe de Panamá, a donde habían llegado procedentes de Colombia, en una ruta más corta a través de la selva del Darién en su camino migratorio hacia Norteamérica.
La información se basa en los testimonios de habitantes de la comunidad de Carreto, que dijeron que estos migrantes habían sido enterrados cerca del pueblo.
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) consideró que se podrían haber «sepultado estos cuerpos para encubrir sus nexos criminales con el tráfico de migrantes».
El presidente panameño anunció que «el Ministerio Público (Fiscalía) entra hoy en las investigaciones», pues haber enterrados esos cuerpos «sin dar parte a las autoridades es un delito y tiene que investigarse».
«(El suceso ocurrió) por un cauce de un río, violento en su momento, que causó el hundimiento de la canoa o la muerte, (pero) no sé exactamente los detalles», admitió Mulino.
Y procedió a alertar de que «ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada», creada por Panamá para «canalizar» el flujo migratorio.
El suceso ocurrió por la «ruta de Carreto», en el Caribe panameño, que es más costosa, teniendo que pagar hasta 550 dólares para tomar un bote desde Capurganá, en Colombia, hasta esa comunidad, para luego caminar durante dos o cuatro días por la selva para llegar hasta la comunidad indígena de Canaán Membrillo, de acuerdo con una información de 2023 de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que estuvo prestando servicios en el Darién hasta que este año no fue renovado su permiso para operar.
Desde que el pasado 1 de julio comenzó la nueva Administración del presidente Mulino, se han tomado varias medidas para tratar de reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién, que ya la han atravesado en lo que va de año más de 216.000 migrantes, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.
Entre esas medidas, desde el pasado 3 de julio Panamá ha cercado progresivamente con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4,7 kilómetros en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para «canalizar» el flujo de los migrantes a través de un «corredor humanitario».
El Darién es una selva que hace de frontera natural entre Panamá y Colombia, con 266 kilómetros de longitud. Atravesada por los migrantes en su camino hacia Norteamérica, allí se enfrentan a menudo a peligros como la crecida repentina de ríos o los ataques de animales salvajes o de grupos armados, que cobran a los migrantes por el paso o les roban, siendo en ocasiones además víctimas de abusos sexuales.
