Washington – La Administración del presidente, Donald Trump, ha separado a más de 900 niños de sus padres desde junio de 2018, reveló hoy la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que presentó una demanda para resolver los casos.
«El Gobierno está separando sistemáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos», reza el recurso presentado por ACLU.
El documento, presentado ante la corte del distrito sur de California, recordó que el 28 de junio de 2018 un juez federal de ese estado ordenó poner fin a la política de «Tolerancia Cero», que permitía la separación de los niños detenidos junto a sus padres indocumentados tras cruzar la frontera con México.
Desde entonces y hasta el 29 de junio pasado, asegura la demanda, las autoridades del Gobierno «han separado ahora más de 900 niños, incluidos bebés y niños».
Según la moción, esta práctica se dio basada «en el historial criminal» y sobre la decisión «unilateral» y «no corroborada» de que el padre «no es apto o es un peligro» o por «errores sobre la identidad del adulto como padre del niño».
En ese contexto, pidieron a la Corte que brinde «una orientación sobre los criterios permitidos para la separación de las familias en función del historial criminal o de la idoneidad de los padres».
También que «reafirme sobre la premisa básica del mandato preliminar de esa corte» que «los niños no deben ser separados de sus padres en ausencia de una decisión de que no están genuinamente capacitados o presenten un peligro real sobre la base de hechos objetivos».
De igual forma, ante «el daño continuo y potencialmente permanente para esos niños» ACLU solicitó que la corte deje claro que no puede haber separaciones «sobre la base del historial criminal», independientemente de su gravedad y que requiera «tomar pasos más cuidadosos para determinar la paternidad».
La moción, que fue interpuesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no pide a la corte una respuesta sobre «la propiedad» de las separaciones, sino que se establezcan «principios rectores» para resolver las reclamaciones actuales.
«Este tema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pueden haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito», apunta el texto.
La situación de los menores inmigrantes ha sido uno de los puntos más cuestionados de la Administración de Trump que, tras la separación de menores, ha quedado en el ojo del huracán por las condiciones de detención de miles de pequeños inmigrantes, en su mayoría no acompañados.
Tras el anuncio de la implementación de la política de «tolerancia cero», una medida impulsada en mayo de 2018 por el ex fiscal general Jeff Sessions, más de 2.800 niños fueron separados de sus padres en el verano pasado, hasta que el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de los pequeños.
El problema se ahondó cuando el Gobierno admitió que otros miles de niños fueron separados antes de abril de 2018, sin dejar claro un número exacto.
Finalmente, el presidente Trump ordenó poner fin a su política de «tolerancia cero» el 20 de junio del año pasado, sin que nunca haya quedado claro si todos los pequeños separados pudieron ser reunificados con sus familias.
