Tegucigalpa – El gobierno hondureño ahora busca enmendar la cancelación de convenios migratorios con iglesias, luego que informara la derogación de convenios que facilitaban la llegada de sacerdotes y pastores al país, así como una importante agencia adventista de ayuda social.
– Después de las iglesias, este gobierno irá contra la prensa, avizora la diputada Suyapa Figueroa.
– El pastor Roy Santos llamó a la iglesia a no callar y alzar la voz, “no podemos permitir que gobiernos tan malignos como estos que son enemigos de Dios y de la iglesia, que sigan operando en el país”, dijo.
– “No es bueno que se levante algo en contra de la iglesia, nunca hemos recibido recursos para que nos callen la boca”, dijo el presidente de los pastores Mario Banegas.
Varios funcionarios del gobierno salieron al paso de las críticas por la medida y aseguraron que lo que se busca es actualizar los procesos y que sea el Instituto Nacional de Migración (INM), quien conozca cada uno de estos procesos y no la Secretaría de Gobernación como sucedía desde 2011.
El gobierno de la presidenta Xiomara Zelaya, por medio de la Secretaría de Gobernación y Justicia aprobó el Acuerdo 158-2024 el pasado 21 de febrero del 2024, pero que se publicó el 30 de mayo del presente año en La Gaceta, mediante el cual estableció derogar los “convenios de facilitación migratoria” celebrados con la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, conocidos popularmente como Los Mormones, y la Misión Adventista.
El citado acuerdo 158-2024 establece que el convenio con la Iglesia Católica fue aprobado por Acuerdo 60-2005 el 25 de octubre del 2005, mientras el suscrito con la Confraternidad Evangélica estaba amparado por el instrumento suscrito el 31 de marzo del 2011, en tanto con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 7 de septiembre del 2011, misma fecha que se suscribió con la Misión Adventista.
El acuerdo en referencia establece que la Ley de Migración señala que las facilidades migratorias es una medida de excepción que se otorga a “migrantes calificados en función del interés nacional”.
Usualmente las iglesias cristianas utilizaban estos convenios para facilitar la entrada de sacerdotes, pastores y funcionarios para sus misiones de acción social, como en el caso de los adventistas.
Al respecto, la diputada Suyapa Figueroa dijo: “Vamos a una situación similar a la que tiene Nicaragua o Venezuela. Vamos a un país en el que falta de institucionalidad y respeto a la prensa, a las iglesias, las universidades, todo esto será cada vez más conculcadas las libertades”.
Acentuó que así comenzaron en Nicaragua, fueron primero por los líderes religiosos y luego neutralizaron a la iglesia.
“Este gobierno, que es intolerante y que tiene el mismo corte y la misma agenda del Foro de Sao Paulo, van a hacer justamente eso al eliminar todo aquello que se opone a sus formas de gobierno”, englobó.
No hay mala intención con derogación de acuerdos
Por parte del gobierno, el ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, y el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, salieron al paso por la derogación de acuerdos migratorios con diferentes iglesias, y aseguraron que se debe a una actualización de convenios, reducción de tiempos y simplificación administrativa.
El ministro Vaquero citó que la publicación de un decreto que deroga varios acuerdos migratorios con las iglesias suscritos en 2011, lo que tiene por objetivo es homologar los requisitos para la entrada de ciertos ciudadanos al país.
Agregó que cuando se firmaron estos acuerdos, el Instituto de Migración estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación, pero ahora es un ente autónomo administrativamente, “por eso se han hecho las modificaciones, hay un nuevo estamento aprobado en el 2023 y precisamente es una reglamentación en torno a la situación de los ciudadanos que pretenden ingresar al país”.
Vaquero citó que todos esos convenios migratorios deben ser actualizados y traerlos al momento actual.
Rechazó las críticas a la derogación de los acuerdos migratorios y los identificó como “enemigos del gobierno del pueblo”.
Negó que exista algún otro interés o mala intención en la derogación de los acuerdos migratorios, como señalan incluso algunos miembros de la iglesia que no hacen gala al mandamiento “no mentirás”.
Actualización para simplificación administrativa
De su lado, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, coincidió con el ministro Vaquero y adicionó que los convenios otorgaban facilidades migratorias, pero los trámites demoraban hasta nueve meses.
“Lo que hemos hecho viene a hacer una revisión y una actualización de los convenios para simplificación administrativa, en ningún momento se atenta contra la libertad de culto, lo que ahora sucede es que el firmante no es Gobernación y Justicia, sino el Instituto de Migración”, amplió.
Mencionó que de los cuatro convenios derogados, incluso ya se firmó uno con la Iglesia Adventista sin mayores contratiempos, al tiempo que expresó que para mañana (miércoles) están convocados los católicos, evangélicos y mormones para llegar a una nueva socialización de los acuerdos.
“En ningún momento estamos atacando a nadie, los que han cuestionado esta nueva medida son personas que ni siquiera han utilizado este convenio o que nunca han traído algún misionero al país. El gobierno seguirá apoyando con estas facilidades migratorias de una manera más eficiente, más ordenada para que el instituto reduzca los tiempos y las solicitudes salgan de una manera más pronta”, explicó.
Citó el artículo 39 de la Ley de Migración que el instituto otorgue los permisos especiales de permanencia por el tiempo de cinco años.
Insistió que la medida obedece a una actualización de convenios, reducción de tiempos y simplificación administrativa.
Ataque a la iglesia: pastor Santos
A criterio del pastor Roy Santos calificó como “un ataque” del gobierno hacia la iglesia, especialmente la evangélica, la derogatoria de acuerdos migratorios.
Agregó que desde el oficialismo han salido versiones que no son ciertas al asegurar que la Iglesia Evangélica recibe fondos del gobierno, “nosotros no recibimos dinero del Estado, lo que hacen algunas iglesias es gestionar con ellos recursos para hacer labor social, lo cual es un derecho para los evangélicos también”.
Dijo que los misioneros acogidos al convenio llegan a Honduras a hacer trabajo humanitario, social y espiritual. “Estas personas hacen un trabajo que muchas veces ni el propio gobierno hace como la construcción de templos, escuelas, centros de salud, viviendas, y no digamos la restauración de vidas a través del evangelio”, indicó.
Santos explicó que cuando llega un misionero, la Confraternidad Evangélica de Honduras se convierte en el facilitador, entonces el gobierno crea las condiciones para que esta persona pueda estar en el país.
Insistió que la derogación de los convenios es un mensaje directo a la iglesia, donde le ponen primero esa traba para quitarle fuerza misionera.
Reflexionó que “estos son pasos que uno solamente los ve en el esquema planificado del Foro de Sao Paulo. Lo que estamos viendo aquí son señales muy parecidas al gobierno de Nicaragua”.
Citó que la persecución que hicieron en su contra fue un mensaje a la Iglesia Evangélica porque “no solo quieren coartar la libertad de expresión, sino que también quieren limitar la labor que hace la iglesia”.
El líder evangélico desglosó que la cancelación de acuerdos migratorios afecta de forma directa porque mucha iglesia trabaja con misioneros que aman a Honduras. “Si un misionero que está en el país está en un trámite y alza su voz porque no le gusta alguna ejecutoria del gobierno, el gobierno le puede quitar todo y sacarlo del país. Lo otro es la fuerza que crea a través de la iglesia, el contacto, la ayuda, los beneficios que llegan al pueblo, es decir que esa respuesta inmediata en tiempos de crisis no va a llegar porque será truncada”
Puntualizó: “No se metan con la iglesia, no se metan con Dios. A mí me tienen atascado con eso que me quieren meter preso, pero por mí no hay ningún problema”.
Finalizó afirmando que la persecución en su contra comenzó en marzo de 2022 cuando les dijo que el báculo que recibió la presidenta Xiomara Castro durante su toma de posesión en el Estadio Nacional era satánico. “Lo sigo sosteniendo, por eso está enredada su familia y el gobierno”.
De su lado, el padre de la Iglesia Católica y vocero de la Conferencia Episcopal, Juan Ángel López, dijo escuetamente: “No estamos dando declaraciones porque el gobierno ha convocado a una reunión mañana para tratar el tema”.
Agregó que la versión del gobierno es que no están quitando derechos a las iglesias, sino que están trasladando responsabilidades entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.
Prometió verter una declaración después de la reunión con el gobierno.
Mientras el presidente de la Asociación de Pastores de Honduras, Mario Banegas, apuntó que la única vez que tuvieron contacto con el gobierno fue cuando oraron por ella en el inicio de su mandato y le pidieron respetuosamente que no se metiera con la iglesia cristiana.
“Le pedimos que nos permitiera las calles y los estadios para poder predicar la palabra”, recordó.
Advirtió que si desde el gobierno se levanta algo en contra de la iglesia que tiene cuatro millones de personas cristianas saldrían a protestar por las calles. “Oramos por un buen gobierno, pero no tenemos ningún tipo de prebenda para que no nos callen la boca”, dijo.
Finalizó afirmando que existe un estimado de 35 mil pastores en Honduras, de los que 33 mil son nacionales y el resto extranjeros. PD
