San Diego – El gobierno de Estados Unidos ha reunificado a 2.458 niños de los 2.667 que fueron separados de sus padres en la frontera sur, según un informe presentado hoy en una corte federal en el sur de California.
De los 209 menores cuyos casos aun no han sido resueltos, unos 25 continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y en espera de ser llevados con sus padres, mientras que los otros 184 serán entregados a un familiar o tutor, ya sea porque los progenitores renunciaron a su derecho a la reunificación o se determinó que éstos representan un peligro para el bienestar del niño.
En algunos casos de padres deportados, éstos han pedido que sus hijos continúen en Estados Unidos ya que prefieren renunciar a ellos antes que exponerlos a las condiciones de violencia que hay en sus países de origen, según documentos de la corte.
Cuando el juez federal Dana Sabraw, con corte en San Diego, ordenó a finales de junio que se reunificara a todas las familias afectadas por la política de «tolerancia cero» contra la inmigración irregular, el gobierno había identificado a 2.654 menores afectados, aunque recientemente modificó dicho número a 2.667 niños.
La Administración del presidente Donald Trump y los abogados que representan a las familias indocumentadas han llegado a un acuerdo que se espera sea firmado el próximo 15 de noviembre, bajo el cual se reconsiderarán las peticiones de asilo para las familias que fueron separadas en la frontera.
En el informe presentado hoy, la Administración reveló que ya ha iniciado el proceso de orientación para unas 70 familias e informó que unos 62 padres y 58 niños ya han recibido la entrevista de correspondiente a los pedidos de asilo por «miedo creíble».
En la mayoría de los casos, el gobierno federal insinúa que ya hay una decisión por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), aunque ésta no fue especificada en el reporte.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quienes representan a las familias separadas, aludieron a unos 27 inmigrantes que continúan recluidos en un centro de detención en Texas, quienes tras haber completado su entrevista a finales de octubre aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades.
Por ello han solicitado al juez que continúe supervisando la implementación de este acuerdo, exigiendo que la Administración federal notifique sobre el progreso, así como en los casos que se aprobó o rechazó la solicitud de asilo hecha por los miembros de la demanda colectiva.