México – El Gobierno mexicano inhabilitó a la empresa editorial de la revista Nexos por dos años y la multó con 999.440 pesos (45.326 dólares) por «información falsa» en la adjudicación de un contrato en 2018, informó este jueves la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La sanción y la multa «se derivan de una minuciosa investigación a raíz de una denuncia originada en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)», dijo en un comunicado el ministerio.
Función Pública acusó a la compañía editorial de la revista de proporcionar información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en la campaña institucional del IMSS para promover la salud pública del país llamada «Chécate-mídete-muévete».
La editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A. de C.V. «violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al presentar información falsa en una adjudicación directa del IMMS en 2018», aseveró.
Por ello, se resolvió sancionar a esta empresa con la inhabilitación por 2 años y multa por 999.440 pesos (45.326 dólares) al acreditarse que dolosamente presentó información falsa para obtener el contrato público», indicó.
En respuesta, la revista Nexos publicó un comunicado en el que negó las acusaciones al afirmar que cumplió el contrato para publicar solo una página por 74.000 pesos (poco menos de 3.500 dólares).
La publicación, con 42 años de existencia, aseveró que la acción del Gobierno «es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos», y «una señal más de la intolerancia oficial a la crítica» y la libertad de expresión.
«Las dos sanciones son claramente desproporcionadas. Nos defenderemos por las vías correspondientes. Conviene aclarar que desde 2018, Nexos no recibe publicidad oficial federal. Preocupa que el Gobierno haga ahora explícito su veto y estigmatice la revista», señaló el comunicado.
Pero al defender su «estricto apego a la norma» y seguir la encomienda de no permitir los actos de corrupción, la SFP reprobó «las conductas que faltan no solo a la legalidad, sino también a la ética al proporcionar información apócrifa o falaz para obtener un contrato público».
Sostuvo su convicción de que «trabaja para erradicar los derroches y abusos del pasado» bajo la consigna de «nada, ni nadie, por encima de la ley».
La institución, que tiene funciones de contraloría, insistió en que la integridad es una obligación de los servidores públicos «pero también es una responsabilidad del sector empresarial».
La Función Pública ofrece «incentivos positivos» para fomentar la probidad tales como un padrón de integridad empresarial, pero insistió en que está obligada a sancionar las irregularidades en contra del interés público y de los mexicanos.
Aseguró que la resolución ha sido resultado de una «minuciosa investigación» que estuvo apegada a derecho y durante la que se dejó a salvaguarda el derecho de audiencia de la empresa que ha sido sancionada.
«La Función Pública actúa con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas», agregó.
