Tucson (AZ) – La Administración del presidente Donald Trump negó el pedido del Condado de Pima de utilizar una parte de los fondos federales del programa Stonegarden para cubrir los costos de un albergue para migrantes en Tucson (Arizona).
El Gobierno federal consideró en su negativa que el uso de esa partida solicitada no conlleva «ningún beneficio a las operaciones de la seguridad en la frontera», que es la finalidad del programa.
La junta de Supervisores de este condado había solicitado a la Administración federal que una partida de 200.000 dólares, del 1,2 millones de dólares que reciben por este programa, sea utilizada para propósitos humanitarios.
Buscaban con ello sufragar parte del costo generado por asistir a familias migrantes albergadas en un reciente albergue de indocumentados creado en Tucson tras el incremento del flujo migratorio registrado los meses de abril y mayo.
El Administrador del Condado Pima, Chuch Huckelberry, informó el viernes a la Junta de Supervisores que la petición había sido denegada.
El pasado mayo, y tras haberle dado antes la espalda, los supervisores aceptaron los fondos provenientes del Programa de subvenciones de la Operación Stonegarden (OPSG, por sus siglas en inglés) y a pesar de la oposición de grupos defensores de los inmigrantes.
La Operación Stonegarden es un programa federal establecido en 2003 que otorga fondos anuales a los gobiernos estatales y locales de comunidades fronterizas, para que puedan cubrir gastos generados por la seguridad en la línea divisoria, fondos que son utilizados principalmente para comprar equipo y en pagar horas extras a los agentes.
El Condado de Pima se convirtió en 2018 en el primer condado a lo largo de la frontera con México en rechazar los fondos provenientes de este programa, ello en rechazo a las políticas migratorias instauradas por el presidente Trump.
De acuerdo a la carta enviada por Huckelberry a la Junta de Supervisores, en los últimos cinco meses de 2019 el condado ha gastado unos 530.000 dólares en el albergue para migrantes Casa Alitas, un monto que incluye renovaciones hechas a la estructura que antes funcionaba como un centro de detenciones juvenil.
El costo de brindar esta ayuda humanitaria podría llegar a los 1,5 millones de dólares el próximo año, según dijo.
La Administración federal negó la petición de los Supervisores en una carta enviada directamente al alguacil del Condado de Pima, Mark Napier, el pasado mes de noviembre, pero éste no lo notificó hasta el pasado 10 de diciembre.
Los Supervisores han apelado esta decisión, pero también consideran otras opciones como aplicar a fondos federales que otorga el Gobierno a través de otros programas de asistencia que han sido aprobados por el Congreso.
