Gobierno priorizará deportación de quienes sean una amenaza para la seguridad

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Jes Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC. EFE/EPA/Stefani Reynolds / POOL

Washington – El Gobierno del presidente, Joe Biden, dará prioridad a la deportación de inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad nacional o pública, dijo este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

«La prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estará en aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto, una amenaza a la seguridad pública y los recién llegados», apuntó Psaki en su rueda de prensa diaria.

La portavoz detalló que la decisión dependerá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que maneja los asuntos migratorios.

La decisión supone una ruptura con la política de la Administración de Donald Trump, que amplió el espectro de las expulsiones a inmigrantes acusados de delitos como conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, o agresión, entre otros.

El diario The Washington Post reveló este domingo, citando memorandos y correos electrónicos internos, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se prepara para emitir nuevas pautas a su personal, que podrían frenar los arrestos y las deportaciones.

Los agentes de esa agencia, que tiene a cargo las deportaciones, ya no se centrarán en expulsar del país a inmigrantes detenidos por conducir bajo influencia del alcohol o drogas, agresión u otros delitos.

En cambio, se enfocarán en quienes representen una amenaza a la seguridad nacional, quienes hayan cruzado la frontera recientemente y quienes completen penas de prisión por delitos graves.

El Post aclaró que el borrador de esas directrices está pendiente de aprobación por parte del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmado por el Senado la semana pasada.

Según el rotativo, las personas que se encuentran en condición irregular en el país aún serán sujetas a arresto, y los delitos sexuales se mantendrán como prioridad absoluta.

Psaki aclaró que las personas detenidas por delitos como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, o por agresiones «deben ser juzgadas y sentenciadas según corresponda por las fuerzas del orden locales».

«Pero estamos hablando -insistió- de priorizar quiénes deben ser deportados del país».