Washington, (EEUU).- (Especial para “Proceso Digital-Por Alberto García Marrder).
El presidente Donald Trump no va a salir de la Casa Blanca sin hacer ruido. Va a dar un portazo, con la furia que lleva por dentro por su reciente fracaso electoral.
En los 37 días que le quedan hoy en el poder, Trump puede hacer cosas sin precedentes en un presidente saliente: Desde lanzar un ataque contra un país enemigo (Irán, por ejemplo) y hasta vengarse de los gobernadores republicanos “no suficientemente leales”. Y perdonarse a sí mismo de cualquier procesamiento futuro.
Por ahora, sigue empeñado en su caprichoso intento de revertir el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, alegando un supuesto fraude electoral (que no existió). Y como ha fracasado con los jueces estatales, quiere ahora, como último recurso, implicar al Congreso y al Tribunal Supremo.
El aún presidente de Estados Unidos buscará, de todas maneras, dos objetivos y ambos están a su alcance: blindar su salida del poder con perdones presidenciales “preventivos” para él mismo, a sus tres hijos mayores y amigos en caso hipotético que sean procesados.
Hay otra teoría y está expresada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. En una entrevista en el programa “The View” de la cadena ABC, James indicó que Trump podría renunciar antes del 20 de enero y Mike Pence, el actual vicepresidente, una vez que lo sustituya, le daría a Trump un perdón presidencial.
Pero este solo sería para delitos federales y no incluyen los estatales o locales, como los que le están investigando ya en el estado y ciudad de Nueva York. Y la misma James.
El segundo objetivo y este está muy claro: Dejar maniatado al presidente electo, Joe Biden, en sus primeros meses de gobierno, que comienza el 20 de enero. Si Trump da la orden de atacar las instalaciones nucleares de Irán en Natanz (con ayuda israelí), será Biden el que tenga que cargar con las consecuencias.
Y entre estas, Trump habría dinamitado las esperanzas de Biden de renovar con Teherán un acuerdo antinuclear que el primero anuló.
Además, planea “acelerar” en los pocos días que le quedan como presidente, según un cable de la agencia de noticias Associated Press (AP), la ejecución de cinco presos federales condenados a muerte (cuatro de raza negra y una mujer blanca). A pesar que su sucesor, el ex vicepresidente Joe Biden, se opone a la pena máxima.
La mujer, Lisa Montgomery, fue condenada en 2007 a morir mediante una inyección letal por haber matado a una mujer embarazada de casi nueve meses. Le cortó su abdomen con un cuchillo de cocina para extraer el feto, el cordón umbilical y hacerlo pasar luego como un bebe suyo. Es ahora una chica de 16 años y vive con su padre.
Su ejecución, mediante una inyección letal, está programada para el 12 de enero y será la primera mujer ejecutada en una prisión federal desde hace 67 años.
La prensa norteamericana informa que Trump tiene una lista de Secretarios (ministros) y altos funcionarios que quiere despedir (el usa la palabra “terminar” en sus mensajes en “Twitter”) antes que venza su presidencia. Y por no haber obedecido sus órdenes o “sugerencias”.
El número uno en la lista, se presume, es William Barr, Fiscal General (máximo titular del Departamento de Justicia), hasta hace poco un fiel “trumpista”.
El pecado de Barr es haber declarado públicamente que no hubo un fraude electoral en las pasadas elecciones, que contradice lo que ha venido diciendo y sigue alegando, Trump. Barr podría renunciar en enero, antes de ser despedido, según el diario “The Washington Post”.
Hasta ahora, Trump no ha reconocido su derrota electoral ante el exvicepresidente demócrata Joe Biden y es posible que salga de la Casa Blanca, gruñendo aún que le han robado su reelección por un “masivo fraude”.
Acusación totalmente sin fundamento o pruebas como han certificado más de 20 jueces estatales y federales en respuesta a las demandas presentadas por el partido republicano para que se invaliden las elecciones pasadas por “irregularidades”.
El Tribunal Supremo se ha negado, ya por segunda vez, a considerar las demandas, en un golpe duro para Trump que ha nombrado a tres jueces conservadores de los nueve. La última demanda fue firmada por Fiscales Generales de 17 estados, ganados por Trump el 3 de noviembre, y apoyada por más de cien congresistas republicanos.
