Miami – Un gran jurado creado en Florida a instancias del gobernador Ron DeSantis para investigar el impacto de la inmigración ilegal propone cambios legales en lo que se refiere al tráfico de personas ante la “ola creciente” de ese delito, según consta en documentos judiciales.
En su primera presentación desde que fue constituido este año, publicada por la Corte Suprema de Justicia de Florida en su web y ahora conocida, el gran jurado número 21 plantea al Congreso de Florida, para su revisión y aprobación, una nueva redacción de la figura legal del contrabando de personas.
Los cambios van en la línea de castigos más duros para los que cometen ese delito, pero también amplían el concepto de contrabando de personas.
“El contrabando de extranjeros ilegales no solo pone en peligro a los floridanos, sino que también genera enormes sumas de dinero para las organizaciones criminales trasnacionales que se utilizan para promover una gran cantidad de actividades delictivas”, dice el texto.
A juicio de los miembros de este jurado especial, “un componente crítico” de la investigación que se les ha encomendado es el contrabando de menores no acompañados y adultos extranjeros sin documentos hacia y dentro del estado de Florida por quienes conspiran con organizaciones criminales trasnacionales.
Mencionan al respecto que las personas objeto del contrabando se encuentran “en una posición vulnerable y, a menudo, son explotados por criminales” y que eso es “particularmente preocupante” cuando se trata de menores extranjeros no acompañados.
Tras haber escuchado testimonio sobre instancias específicas del tráfico de personas y los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley concluye que “se necesita hacer más” contra ese delito.
“Es fundamental -agregan- dar al estatuto la fuerza que necesita para detener el contrabando de personas en nuestro estado y responsabilizar a los que cometen ese delito”.
“Creemos que este problema debe ser remediado”, subraya el gran jurado número 21, que está presidido por la jueza Ellen S. Masters, titular del distrito décimo de Florida.
El gobernador, que hizo de la política migratoria uno de los caballos de batalla en su campaña para la reelección, que consiguió con casi un 60 % de los votos en las elecciones de noviembre de este año, pidió en junio pasado a la Corte Suprema del estado la formación de un gran jurado centrado en inmigración, entre otros temas.
Alegó que “existe razón buena y suficiente y es de interés público” hacerlo, según señaló la Corte Suprema en su respuesta favorable a esa petición el 30 de junio pasado.
DeSantis, un conservador que ha dado señales de que competirá por la nominación presidencial republicana en 2024, defiende la tolerancia cero frente a la inmigración irregular.
Incluso creó un programa de reubicación de indocumentados, para llevarlos a otros estados, dotado de 12 millones de dólares de presupuesto.
Bajo ese programa, Florida envió en septiembre pasado a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU. desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
El traslado de los inmigrantes ha motivado demandas judiciales contra DeSantis en Massachusetts y también en Florida, además de una investigación federal.
Cuando la Corte Suprema aprobó la creación del gran jurado estatal número 21 indicó que iba a trabajar por un plazo de doce meses naturales e investigar delitos, formular acusaciones y realizar todas las demás funciones de esos cuerpos judiciales.
