Tucson (AZ) – Grupos civiles armados en la frontera de Arizona han reactivado sus labores de vigilancia y dicen estar dispuestos a servir a la nueva Administración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, en su plan para asegurar la frontera con México y detener el flujo de migrantes, desde su primer día de gobierno.
Ese es el caso de Arizona Border Recon, una milicia armada conformada por decenas de civiles, entre ellos veteranos de guerra.
“Tengo la esperanza de que la nueva Administración Trump nos llame y podamos ayudarlos”, dijo a EFE Tim Foley, fundador y líder del grupo.
Arizona Border Recon tienen 14 años operando en la frontera. Pero en los últimos dos años el grupo prácticamente había desaparecido.
Sin embargo tras el triunfo del republicano comenzó a publicar nuevamente videos en sus redes sociales sobre su “labor de seguridad”.
En un video publicado la semana pasada en la plataforma de YouTube se puede ver a un grupo de aproximadamente 20 hombres de este grupo con ropa camuflada recorriendo la frontera de Arizona y portando armas de fuego de alto calibre.
Foley aseguró que desde que Trump fue electo nuevamente su página web se ha llenado de solicitudes de civiles que desean unirse a ellos. “Nosotros no utilizamos el término de milicia porque nuestro propósito no es derrocar al gobierno de los Estados Unidos, al contrario es defender nuestro país, somos solamente un grupo de civiles”, defendió Foley.
Asegura que las habilidades de sus “chicos” serían de gran utilidad a la administración entrante ya que conocen muy bien la región y todos son rastreadores certificados.“Creo que podríamos ser una herramienta muy útil para asegurar la frontera”.
Explicó que su labor se concentra en llamar a la Patrulla Fronteriza cuando detectan a inmigrantes en el desierto y que los vigilan para asegurarse de que las mujeres y los niños no sean traficados.
Un desierto fértil para los grupos armados
Arizona tiene un largo historial de milicias civiles patrullando la frontera. En la década del 2000, Roger Barnett comenzó su propio grupo dedicado a hacer arrestos civiles a migrantes que cruzaban por sus tierras en el condado Cochise.
Una década después, una corte ordenó a Barnett pagar cerca de 90.000 dólares a cuatro migrantes que detuvo en su propiedad utilizando perros, armas de fuego. La acusación detallaba que el hombre pateó a una mujer que ya estaba en el piso.
En 2005, el polémico Proyecto Minutemen, un grupo civil armado ganó notoriedad al realizar operativos para vigilar la frontera de los Estados Unidos con México, y aunque prácticamente ha desaparecido no se descarta que pueda revivir.
Otra milicia en Arizona que también ha expresado su interés por cooperar con la administración Trump es Veterans Patrol (VOP), un grupo extremista que promueve teorías conspirativas relacionadas con la migración y promueve la presencia de civiles armados en la frontera, según un reporte de Southern Poverty Law Center (SPLC).
Thomas Homan, quien fue designado por Trump como el nuevo zar de la frontera, dijo la semana pasada durante una visita a Arizona que existe un “gran interés” por parte de civiles, a los que llamó “buenos patriotas”, de ayudar al presidente electo en sus esfuerzos por asegurar la frontera.
Para Isabel García directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona “es lógico” que tras la victoria de Trump se reactiven las milicias civiles.
“Están viendo la oportunidad de hacer lo que quieran y nadie les dirá nada”, dijo a Efe la activista.
García teme que los derechos civiles de los migrantes sean violados por estos grupos que operan en los lugares más alejados del desierto de Arizona.
Tampoco descarta que los grupos humanitarios que se dedican a colocar agua en el desierto sean víctimas de estas milicias, como ha sucedido en el pasado.
“No sabemos qué va a pasar bajo esta nueva administración Trump, nos preocupa mucho no solo la presencia de milicias civiles, sino una posible cooperación con la policía y agencias federales”, subrayo la activista.
Resaltó que ya trabajan para asistir a la comunidad inmigrante y documentar cualquier tipo de abuso que pudiera ocurrir en contra de ciudadanos estadounidenses que sean víctimas de perfil racial.
