Grupos de DDHH acusan a México de política migratoria opaca y errática

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La directora general de la organización Sin Fronteras, Ana Saiz, habla este jueves durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México – Organizaciones de derechos humanos acusaron este jueves al Estado mexicano de aplicar una política migratoria opaca, errática y desordenada que vulnera los derechos de los migrantes, y que se ha hecho presente en días recientes durante la última y fallida caravana centroamericana.

Además, rechazaron la actuación de la Guardia Nacional -el nuevo cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador- en la contención de los migrantes y la reciente obstaculización del trabajo de las ONG y entidades civiles por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

«Le exigimos al Estado mexicano que clarifique sus políticas migratorias», dijo en conferencia en esta capital Quetzalcóatl Fontanot, representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT).

El activista, junto con representantes de 10 organizaciones, exhortó al Estado mexicano «que deje de darle vueltas y permita, lo más pronto posible, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los centros de detención de la frontera sur y norte»

Aseguró que la CIDH, órgano perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), sólo está esperando la autorización del Estado mexicano para programa esa visita.

La principal demanda de unas 200 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red TDT, es la protección de los derechos humanos y la integridad quienes vienen huyendo, migrando y que son solicitantes de protección internacional y tiene el derecho a ello.

Además, el activista dijo que a las organizaciones y activistas les «preocupa que no se respete el derecho a defender derechos humanos de quienes estamos asistimos a estas personas».

Las organizaciones señalaron en conjunto que a los migrantes se les ha negado el derecho a recibir asistencia, acompañamiento integral, representación legal a migrantes, hay detención de menores y no se les ofrecen las mínimas condiciones de salud e higiene.

POLÉMICA EN CENTROS MIGRATORIOS

El pasado viernes, frente a las reiteradas dificultades de ingreso a las estaciones migratorias de la frontera sur y de la Ciudad de México reportadas por algunas organizaciones, Amnistía Internacional publicó una carta abierta solicitando al INM que garantice el acceso.

Pero, el lunes el INM decidió suspender formalmente el ingreso de todas las organizaciones a los centros de detención migratoria del país.

Horas después de publicada esta información, el INM advirtió que se «reprogramarían» nuevas fechas de ingreso.

«Tenemos dudas muy razonables del porque no se deja entrar a organizaciones de la sociedad civil. Es para que no constatemos el desorden que ocurre en las estaciones migratorias que en México llamamos eufemísticamente albergues», dijo este jueves la directora de Amnistía Internacional México Tania Reneaum.

Mientras que la representante de Asylum Access México, Alejandra Macías, dijo es más complejo entrar al estaciones migratorias en todo el país que en «un reclusorio».

Relató que existen represalias contra lo migrantes que solicitan ayuda legal y la situación empeora cuando un extranjero interpone un amparo, además, aseguró existen condiciones de hacinamiento

Otra activista, Rita Marcela Robles, abogada y politóloga del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, dijo que uno de los temas centrales es que se obstaculiza la labor de los defensores de verificar temas fundamentales para garantizar los derechos humanos de los migrantes.

A LA DEFENSIVA, AUTORIDADES MIGRATORIAS

Este miércoles, tras una fuerte presión de organizaciones civiles, el INM anunció finalmente que a partir del 1 de febrero se permitirá de nuevo a organismos religiosos y civiles visitar estos albergues.

Y este jueves, el INM reportó en un comunicado que el día antes recibió de manera organizada a grupos de personas extranjeras y en apego a la Ley de Migración y Reglamento en la materia «se lleva a cabo la revisión de su situación migratoria para ofrecer distintas oportunidades de acuerdo con sus condiciones específicas».

Sin embargo, citó que «en la mayoría de los casos y una vez revisada la condición migratoria particular, se procederá al retorno asistido a sus países de origen en caso de que la situación así lo amerite».

El INM dijo que a estas tarea dan seguimiento la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH).

A decir de los representantes, la labor de las agencias internacionales no suple el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil porque hay cosas que las agencias no pueden hacer.

En la frontera sur de México, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias de México frenaron en días pasados el intento de miles de centroamericanos, en caravana, de cruzar el país para llegar hasta Estados Unidos.

De hecho, el INM informó este lunes que se habían deportado entre el 18 al 27 de enero a 2.303 hondureños, retornados por aire o por tierra.

La actuación gubernamental ha sido duramente criticada por varias ONG y expertos, mientras que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que se ha actuado acorde a la ley y respetando siempre los derechos humanos.

Sumando la voz del resto de ONG, la representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova consideró que las actuales políticas migratorias del Gobierno mexicano son «erráticas» y han que los migrantes «vean afectados sus derechos humanos», posibilitando además «violaciones de sus derechos».

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