Ciudad de Guatemala – Guatemala endureció las penas de cárcel contra los traficantes de personas con el fin de frenar la migración irregular a Estados Unidos, a raíz de las muertes de guatemaltecos que se han registrado en territorio mexicano.
Los disputados al Congreso aprobaron la noche del martes reformar la Ley de Migración, propuestas por el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, el 14 de enero al cumplir dos de los cuatro años de su Administración.
Los traficantes de personas, llamados «coyotes», eran condenados en Guatemala a entre 6 y 8 años de prisión, pero con la modificación de la normativa se aumentó en dos terceras partes.
Según la Ley que fue modificada con el voto de 87 de los 160 legisladores, quienes trafiquen con guatemaltecos irán a la cárcel de 10 a 30 años inconmutables y además deberán cancelar de 100.000 a 200.000 quetzales (de 13.000 a 26.000 dólares) por cada ciudadano de este país traficado.
La normativa explica que la pena de prisión contra los traficantes será aumentada en dos terceras partes cuando la persona migrante sea un niño, niña o adolescentes, la mujer esté embarazada, cuando el autor sea funcionario o empleado público o abogado.
También, cuando se ponga en peligro la vida y la integridad de los migrantes, se le provoque sufrimiento físico y mental, cuando sean víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muera o sufra privación de su libertad en el extranjero.
LA MIGRACIÓN
Cada año, según cálculos de organismos internacionales y fuentes oficiales, más de 300.000 guatemaltecos intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.
Ello debido a la violencia y la falta de empleo que azotan la nación centroamericana, donde el 59 por ciento de sus 18 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza, según los sondeos en años recientes del Instituto Nacional de Estadística y de agencias de la ONU.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron el 28 de enero en el departamento suroccidental de San Marcos a 10 supuestos miembros de una banda de tráfico de personas involucrada en el traslado ilegal de 16 migrantes a México en enero de 2021, antes de que fueran asesinados en Tamaulipas.
«Se estableció que la estructura criminal captaba a las víctimas, acordando con ellas un pago que oscilaba entre los 95.000 quetzales (casi 12.000 dólares) y los 120.000 quetzales (15.000 dólares) para trasladarlas hacia el territorio estadounidense», según el Ministerio Público.
Además, la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad de la jueza guatemalteca de Primera Instancia penal de San Marcos Blanca Elizabeth González Gálvez por supuestamente estar implicada en esa estructura criminal denominada «Los Coronado».
